POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM) detallan que la violencia basada en el género, también es un detonante o causa para que las mujeres migren, en tanto, en todo el proceso migratorio existen diversos riesgos que atentan contra la integridad de estas personas.
Hilda Morales, procuradora adjunta de la PDH, explicó que aunque la causa económica es la más conocida y por la cual migra la mayoría de personas, también existe un porcentaje de mujeres que son objeto de violencia por sus parejas o en su entorno residencial.
“Llega un momento en el que no tienen otra alternativa -las mujeres-, porque no hay respuesta del sistema de justicia o porque tienen desconfianza, desconocen sus derechos a denunciar y porque existe inminente peligro, por ejemplo, cuando a manos del esposo han sufrido manifestaciones de violencia física, sexual y psicológica; se les cierran todas las expectativas y deciden migrar”, indicó Morales.
De acuerdo con la Procuradora Adjunta, hace algún tiempo conoció el caso de unas jovencitas que fueron obligadas a vivir con un hombre. Ellas huyeron del país para evitar esto.
“Tuve conocimiento de adolescentes obligadas a convivir con un hombre que no querían y tuvieron que caminar largas distancias en Huehuetenango, para trasladarse a México y hacer un contacto para atravesar todo el territorio y llegar a Estados Unidos, en busca del resguardo de su integridad física”, detalló la entrevistada.
La profesional agrega que hay otros factores, como las pandillas, que coaccionan a las mujeres para que se integren a las maras o las violentan de diferentes formas.
RIESGOS Y VULNERABILIDADES
Por otro lado, la investigación de la OIM: “Factores de Riesgo y Necesidades de Atención para las Mujeres Migrantes en Centro América”, presentada el año pasado, refleja que en las diferentes etapas del proceso migratorio, es decir, en la salida, el tránsito, el destino y el retorno de las mujeres migrantes, se presentan diferentes riesgos y vulnerabilidades.
Según la OIM, en la salida las mujeres pueden ser afectadas por la desinformación, el limitado acceso a documentos de viaje, la violencia doméstica, permiso de salida, factores estructurales, violencia sexual, económica, social y generalizada.
Entre los riesgos y vulnerabilidades de tránsito están la irregularidad migratoria, limitada institucionalidad para brindar protección, redes de tráfico y trata de personas, desinformación, limitado servicio a la salud, transporte inhumano e inadecuado.
Por otro lado, en el destino, puede existir estigmatización, precariedad en la inserción social laboral, obstáculos en la regularización migratoria, entre otros.
Además, en el retorno al país de origen o repatriación, las mujeres pueden enfrentar riesgos y vulnerabilidades relacionadas con exclusión social, prevalencia de las causas que originan la migración, revictimización, violencia económica y falta de oportunidades.
FORTALECER LOS CAIMUS
La Procuradora Adjunta argumenta que las mujeres víctimas de violencia deberían tener una respuesta del Estado para evitar la migración y otras situaciones que les afectan.
Según Morales, en los últimos años, los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) no les han brindado la atención integral porque no se han entregado los recursos económicos en tiempo.
“Los Caimus son una alternativa, porque no solo ofrecen asesoría, acompañamiento legal, psicológico, social, en salud, sobre un nuevo proyecto de vida, pero es difícil entender cuando las instituciones dicen ‘mujer denuncia’, porque cuando denuncian no encuentran una respuesta integral de atención. Desde 2009 se logró que estos centros tuvieran una partida presupuestaria como prevención del delito; ese momento fue de Q8 millones al año, esa cantidad ha persistido por la lucha de las mujeres para que se incluya en el presupuesto en el Congreso, pero es una lucha conseguirlo -a través- del Ministerio de Gobernación”, refiere la entrevistada.
La Procuradora dijo que en el año 2014 no les dieron ni una cuota del presupuesto, en otros años el monto fue irregular mientras que en la gestión de la exministra Eunice Mendizábal si les dieron en todo momento el dinero; actualmente el presupuesto se ha entregado de manera irregular.
Por tanto, según la profesional, se deben hacer efectivos estos pagos para que los Caimus continúen funcionando pues el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y la Policía Nacional Civil (PNC) refieren a estos lugares a las víctimas de violencia contra la mujer.
La Hora consultó al ministro de Gobernación, Francisco Rivas, sobre las causas de los atrasos en la entrega de los recursos, pero no fue posible obtener una respuesta del funcionario al cierre de esta nota.
