Por Rodulfo Santizo
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La mayoría de guatemaltecos viven en el área rural y más del 60% dependen de las actividades y del trabajo agropecuario, que les garantiza algo de seguridad alimentaria y algunas veces excedentes para la venta, muchos viven en comunidades que por generaciones han estado marginadas y desatendidas de los servicios públicos del Estado de Guatemala, complicando de esta manera la sobrevivencia de estas personas que están condenadas a vivir en pobreza y pobreza extrema; siendo un caldo de cultivo ideal para que haya desnutrición, analfabetismo, mortandad, migración, entre otros indicadores del subdesarrollo que actualmente tiene Guatemala.
Este sector es quien lleva a la mesa de muchos guatemaltecos el alimento diario en productos de origen animal y vegetal, comercio muy visible en muchos mercados y recorridos domiciliares de los mismos productores en lugares poblados.
El nulo o poco conocimiento que tiene la clase política sobre la verdadera realidad nacional, ha sido causante que no se atienda este tema de mucha importancia para gran parte de la población campesina que espera un apoyo en leyes que realmente les beneficien para tener un punto de apoyo y salir adelante, partiendo de que muchos tienen recursos y ganas de trabajar, pero no encuentran respaldo en los ministerios que deben atenderlos como es debido.
Hay sectores que cuando se les habla sobre la Ley de Desarrollo Rural Integral, inmediatamente piensan en reforma agraria, les queremos decir que esto es justicia porque las oportunidades deben ser para todos los guatemaltecos y no solo para aquellos sectores que siempre han tenido cierto dominio o influencias en algunos poderes del Estado, por consiguiente ellos son los que se han opuesto a que esta ley siga el proceso para su discusión y posible aprobación.
De continuar a la prueba y error cada cuatro años no llegaremos lejos, porque las políticas públicas para el desarrollo deben estar normadas legalmente en una ley que defina la ruta a seguir y que los planes de gobierno sean acorde a los lineamientos fijados en esa ley y no de manera antojadiza por los seudoestadistas que nos han gobernado.
Los guatemaltecos sabemos que no somos prioridad para los gobernantes y mucho menos al hacer el esfuerzo por aprobar leyes que beneficien a las grandes mayorías del campo, donde hay muchas personas esperando programas y proyectos que les ayuden a salir adelante con oportunidades que les permita tener una vida digna, satisfaciendo sus necesidades básicas.
Hay un buen porcentaje de diputados nuevos y la mayoría son de los departamentos donde vive la gente que sería sujeto de atención de una Ley de Desarrollo Rural Integral; les hacemos el llamado a que antes de llegar al Congreso vayan a las comunidades rurales a conocerlas para que tengan elementos de juicio para apoyar estos esfuerzos que esperan muchos campesinos de Guatemala.
