Por: Pbro. Mauro Verzeletti, C. S.
Director de las Casas de Migrante, Guatemala y El Salvador
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Ningún Estado, sistema empresarial de mercado económico, político u organización tienen derecho sobre el derecho superior del niño, niña y adolescente. Porque los derechos humanos son inherentes a la persona e inalienables. Por lo tanto, nadie tiene derecho de estar por encima del derecho, porque lo que está en juego es la dignidad suprema de la persona. En esta misma línea de pensamiento, el Papa Francisco, al posicionarse sobre la niñez migrante fue enfático, pide que se evite ¨cualquier forma de detención por violar un derecho superior¨, asegurándoles, por el contrario, el acceso a la educación como un valor supremo en vías del desarrollo humano integral.
Las leyes y políticas migratorias, tanto para migrantes y refugiados, no pueden estar por encima de un derecho superior, principalmente cuando nos topamos ante flujos migratorios en situación de alta vulnerabilidad. Por eso, ningún Estado tiene el derecho de impedir la libre circulación de personas, como es la situación de los hondureños que huyen de la violencia y pobreza.
Al afirmarse el derecho ciudadano a migrar, el Papa Francisco pide evitar que, trabajadores migratorios y refugiados, permanezcan sin patria y espera que el estatus migratorio no lo limite “el acceso a la asistencia sanitaria nacional ni a los sistemas de pensiones, como tampoco a la transferencia de sus contribuciones en el caso de repatriación”. Así mismo, el Papa hace una intervención a favor de la juventud; es “necesario garantizarles la permanencia regular en el país de destino al cumplir la mayoría de edad y la posibilidad de continuar sus estudios académicos. En el caso de la niñez migrante no acompañada o separados de su familia es importante prever programas de custodia temporal o de acogida”.
“De acuerdo con el derecho universal a una nacionalidad, todos los niños, niñas y adolescentes la han de tener reconocida y certificada adecuadamente desde el momento del nacimiento”, afirma el Papa Francisco, que pide evitar “la apátrida en la que se encuentran a veces los migrantes y refugiados”, mediante ´´leyes relativas a la nacionalidad conformes con los principios fundamentales del derecho internacional´´.
El Papa hace un llamado a los Estados de la importancia del derecho al trabajo digno y humano. Además, invita a dar valor a las competencias laborales de quienes llegan, promoviendo «la inserción socio-laboral» y «garantizando a todos, incluidos los que solicitan asilo, la posibilidad de trabajar, cursos formativos lingüísticos y de ciudadanía activa, como también una información adecuada en sus propias idiomas. En el caso de los migrantes menores de edad, su participación en actividades laborales ha de ser regulada de manera que se prevengan abusos y riesgos para su crecimiento normal».
