Redacción La Hora
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Recientemente se supo que el presidente Jimmy Morales, apoyado por algunos alcaldes, sindicalistas, empresarios, políticos y el Nuncio Apostólico, le ordenó a su Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que hiciera lo necesario para preparar un paquete de reformas que acabara la lucha contra la corrupción.
“Enemigos” como Sandra Torres, el hoy Presidente de la República, se aliaron para formar “un terremoto legal” que desde el Congreso derrumbara toda aquella ley que facilitaba la lucha contra la corrupción.
El pasado 13 de septiembre modificaron el delito de financiamiento electoral ilícito para que sólo lo cometa quien aporte dinero con frutos del narcotráfico y el crimen organizado, hicieron responsables a los contadores de los partidos por el financiamiento electoral ilícito. Jimmy Morales (FCN), Orlando Blanco (UNE) y Roberto Villate (Lider) fueron relevados de responsabilidad penal y establecieron reglas diferentes para el financiamiento electoral anónimo.
Luego, aumentaron de 5 a 10 años la conmutación de las penas de cárcel, es decir, cualquier persona que condenen por 8 años, por ejemplo, se podrá ir a su casa tranquila. Deberán guardar cárcel sólo aquellos que sean condenados a más de 10 años.
Y esto es sólo el comienzo, pues faltará el esfuerzo por modificar leyes para que las plazas fantasma del Congreso dejen de ser delito, leyes para eliminar el lavado de dinero, que se apruebe un Presupuesto sin candados donde podrán pagar con dinero el Pacto y que se apruebe un préstamo que será la caja chica con la que se premia el “terremoto legal” que dio el Congreso.
Se conoce además que siguen los esfuerzos para eliminar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y se busca modificar la ley orgánica del Ministerio Público (MP) para que Morales pueda remover cuando guste a Thelma Aldana y cualquier Fiscal General que le resulte incómodo.
COMUNIDAD INTERNACIONAL ADVIRTIÓ A ESTRADA
Se supo que miembros del cuerpo diplomático advirtieron al ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada de las graves consecuencias que tendría consumar lo que él estaba trabajando por encargo del Presidente.
SAAS NO DIO LISTADO
Este medio de comunicación pidió a la Secretaria se Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) el listado de los asistentes a la Casa Presidencial para las reuniones que convocó Morales previo a declarar non grato a Iván Velásquez, pero eliminaron del listado proporcionado a los empresarios que participaron en esa reunión.
También se supo, que algunos empresarios, acompañaron a Morales el día sábado que grabó el video en donde declaró non grato al Jefe de la CICIG.
INDIFERENCIA LO PERMITE
Una fuente diplomática que no quiso ser citada por nombre dijo: “todo este Pacto de los políticos es posible porque la ciudadanía padece de una indiferencia terminal y a menos que eso cambie, Guatemala será ante el mundo el mejor ejemplo de impunidad y de cómo funciona un aparato estatal para socavar el Estado de Derecho. Solo Dios sabrá qué países desearán tener relación con Guatemala y así es difícil atraer inversión”, sentenció.
DÍA INFAME: UNE Y FCN SE ALÍAN PARA ELIMINAR EL FINANCIAMIENTO ELECTORAL
De manera sorpresiva y con total hermetismo el Congreso de la República exoneró de toda responsabilidad penal a los Secretarios Generales de partidos políticos al aprobar por mayoría cambios al artículo 407 del Código Penal que modifica el delito de financiamiento electoral ilícito por el de financiamiento electoral no registrado. Ahora la responsabilidad legal cae sobre el contador de la agrupación y se fijan penas de uno a tres años de prisión conmutable.
En un primer y único debate el pasado 13 de septiembre, el Congreso aprobó la reforma legal con el respaldo de 105 diputados, mientras que Dirección Legislativa no proporcionó copias de la propuesta legal a los periodistas que buscaban conocer la ley que blinda a las agrupaciones políticas del país.
La sorpresiva maniobra está contenida bajo la iniciativa 5352, impulsada por los diputados Javier Hernández de FCN-Nación y Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). El presidente Morales fue salvado recientemente por el Parlamento guatemalteco por el delito de financiamiento electoral ilícito al no despojársele de su inmunidad, mientras que Blanco tiene una denuncia penal abierta en su contra por lo que enfrenta un proceso de antejuicio.
El delito de financiamiento electoral ilícito, sin la reforma, fijaba penas de cuatro hasta doce años de prisión; ahora con las maniobras de los diputados el delito se reduce a un rango de uno a tres años conmutable, es decir el pagar algún tipo de sanción financiera exonera la prisión. También la responsabilidad legal pasa del Secretario General al contador del movimiento.
Para el caso de los financistas políticos que no estén registrados, el cargo a ser imputado será financiamiento electoral anónimo, con penas de dos a cuatro años y una multa equivalente al 20% de sus aportaciones.
JUEZ Y PARTE
Uno de los diputados ponentes de la iniciativa de ley es Blanco, jefe de la UNE, quien mantiene en los tribunales de justicia un proceso abierto por financiamiento electoral ilícito junto al diputado Roberto Villate. Ambos son señalados de anomalías en el proceso electoral 2015.
Sin embargo, ante la presión de la ciudadanía y el rechazo mostrado por diversos sectores a la infamia, el Congreso dio marcha atrás el pasado viernes 15 de septiembre en sus intenciones de promover la impunidad.
La noche anterior, la Corte de Constitucionalidad también había resuelto una serie de amparos para dejar sin efecto las normativas planteadas por el Legislativo.
“EL PECADO ORIGINAL DE LA DEMOCRACIA GUATEMALTECA”
Cuando autoridades del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron investigaciones por financiamiento electoral ilícito contra Blanco y Villate, el Comisionado contra la Impunidad, Iván Velásquez, señaló como un gran perjudicante la forma en que se inyecta capital a los partidos políticos.
“El financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia en Guatemala”, precisó en aquel momento el Comisionado, quien señaló que existían más investigaciones abiertas bajo sospechas del ahora extinto delito.
CRISIS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO, LA EXCUSA PARA ABOGAR POR EXFUNCIONARIOS DETENIDOS
Los motivos que impulsaron las reformas aprobadas el miércoles 13 de septiembre por el Congreso se fundamentaron en una aparente crisis que atraviesa el Sistema Penitenciario y la cantidad de recursos que destina el Estado guatemalteco para mantener a los privados de libertad.
Además de las modificaciones al Código Penal en materia de financiamiento electoral ilícito, el Congreso autorizó una segunda ronda de modificaciones al Código Penal, que en una primera línea podrían favorecer a los exfuncionarios señalados de casos de corrupción, al ampliar la obligatoriedad de cumplir condena en prisión a sanciones que excedan los 10 años.
Es decir, ahora quien sea condenado a diez años de prisión puede acceder a una conmuta (sanción financiera que sustituye la prisión).
También en las nuevas normas de cumplimiento de condena se establece que la conmuta, sea de un mínimo de cinco quetzales a un máximo de cien quetzales diarios, tomando en cuenta la situación económica del procesado.
Ante las restricciones que fija la norma excluye del beneficio de la conmutación de la pena a aquellas personas que sean encontradas culpables en un debate oral y público de los siguientes delitos:
Defraudación tributaria, defraudación aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la amnistía tributaria, lo que dejaría excluidos de los beneficios a los acusados del Caso La Línea, pero no aquellos que se encuentran en otro tipo de expedientes como Cooptación del Estado y Plazas Fantasma, por citar algunos, en donde sus implicados no aparecen señalados por cargos tributarios.
MORALES AL CONGRESO: “LEGISLEN”
Antes de que los diputados entraran a conocer las propuestas de leyes anticorrupción, el presidente Jimmy Morales ofreció un discurso con motivo de los 196 años de Independencia, ocasión en la que aprovechó para agradecer a los diputados por su inmunidad, al tiempo que les pidió “que legislen” a favor de los más necesitados. Casi al final de su discurso agradeció la invitación del “digno Pleno de congresistas”.
En un momento de su discurso en el hemiciclo parlamentario manifestó en referencia al antejuicio en su contra: “hace dos días en este recinto se tomó una decisión trascendental para garantizar la gobernabilidad del Estado de Guatemala. Y por ello agradezco a cada uno de ustedes, no importando cuál fue su decisión, la objetividad que tuvieron para consolidar nuestro Estado de derecho”.
Casi al final de su discurso el mandatario indicó que ha sido respetuoso de la ley, “Guatemala necesita de una justicia honesta y transparente pero apegada a la ética, a la objetividad y la imparcialidad” a lo que añadió: “no permitamos que un interés político, personal o sectorial socave la democracia”.
El Presidente fue interrumpido en algunas ocasiones por las ovaciones de diputados de la bancada oficial, sobre todo cuando destacó que “a pesar de las adversidades los guatemaltecos merecemos una patria digna, libre, soberana e independiente”.
Señaló que mientras sea mandatario no permitirá que “nuestro Estado de derecho sea vulnerado a causa de intereses particulares o sectoriales”. Agregó: Con todo respeto legislemos en pro de los más necesitados, hago un llamado a los que tienen mucho en Guatemala, compartamos con el que más necesita.
Tras los 13 minutos de discurso, el mandatario indicó a los diputados que cada vez que sea invitado “será un placer venir a este digno pleno de congresistas”. El binomio guatemalteco abandonó el Congreso para que continuara la sesión ordinaria del Organismo Legislativo.
Desde que se declaró abiertamente opositor al trabajo de Iván Velásquez al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el presidente Morales ha recibido el apoyo de algunos alcaldes y más recientemente de diputados.
[recuadro]Carrillo y Mack accionan en CC contra intentona de diputados de generar impunidad
Los ciudadanos Helen Mack y Alfonso Carillo interpusieron un amparo contra la votación que realizaron diputados del Congreso de la República para que se modificaran delitos relacionados al financiamiento electoral ilícito y que benefician al presidente Jimmy Morales y algunos congresistas que son señalados por ese tipo penal.
El amparo también busca impedir que los diputados que tienen conflictos de intereses en temas de financiamiento electoral ilícito, como Orlando Blanco y Roberto Villate, quienes enfrentan una solicitud de antejuicio por ese delito, participen en votaciones que pretendan reformar la ley en materia electoral.
Según los amparistas, la actuación del Congreso viola varios artículos de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y Ley del Organismo Ejecutivo, en las que se establece, entre otros asuntos, que los congresistas no podrán utilizar el poder de su cargo para tomar decisiones o influir en ellas para obtener beneficios personales o de terceros.
Asimismo, Mack y Carrillo expusieron que los diputados deben de excusarse de conocer algún asunto si consideran que tienen interés directo o indirecto en el mismo.
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[recuadro]Embajada de EE. UU. se mofa de las prioridades del Congreso
La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala se mofó de las acciones que emprendió el Congreso de la República al aprobar reformas al Código Penal, en la que exoneraron de toda responsabilidad a Secretarios de partidos políticos y financistas que incurran en financiamiento electoral ilícito.
“Según el Congreso de Guatemala: ¿Escuelas? = No son urgencia nacional. ¿Carreteras? = No son urgencia nacional. ¿Hospitales? = No son urgencia nacional. ¿Reformas al delito de financiamiento electoral ilícito? = Urgencia nacional.”, tuiteó la embajada estadounidense.
Posteriormente el embajador Todd Robinson tuiteó: “Años de desnutrición, inseguridad, delincuencia, corrupción. ¿Congreso? Ninguna acción. Increíble lo rápido que actúan para protegerse de la persecución”, dijo en respuesta a un tuit de la exmagistrada Claudia Escobar.
Los congresistas aprobaron hoy por mayoría cambios al artículo 407 del Código Penal que modifica el delito de financiamiento electoral ilícito y en caso de que ocurra este flagelo la responsabilidad recaerá sobre el contador de la agrupación política.
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[recuadro]Fiscal: La ley que se aplica es la que favorece al reo
Oscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, dijo que aún no tienen una postura oficial respecto a las intenciones del Congreso de la República de modificar las penas electorales que se establecen en el Código Penal, debido a que no conoce de lo que está sucediendo. Sin embargo, de manera general, se le consultó cómo se juzga a un sindicado cuando los delitos que se les imputan son reformados y de manera general, respondió que la ley que se aplica es la que favorece al sindicado.
“Existe el principio que es el Favor Rei, que es el tema en favor del sindicado, pero no puedo entrar a opinar mayores cosas porque no tengo el contenido de la ley que ellos modificaron ni qué fue lo que hicieron”, dijo Schaad.
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