REDACCIÓN LA HORA
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Un grupo de senadores demócratas expresó el lunes su frustración por la manera como el gobierno de Donald Trump enfrenta la situación de corrupción y violencia en Honduras, y exhortó al secretario de Estado, Rex Tillerson, a vincular la ayuda estadounidense al país con mejoras en materia de derechos humanos.
En una carta enviada a Tillerson, los legisladores advirtieron que la situación en Honduras sigue siendo grave a pesar de los programas apoyados por Estados Unidos para endurecer y profesionalizar instituciones clave del gobierno hondureño, como la policía y el sistema judicial.
Liderados por el senador Patrick Leahy, de Vermont, los demócratas dijeron que existe “evidencia creíble” de que no todos los funcionarios hondureños realizan esfuerzos serios para combatir el crimen organizado y la corrupción. También señalaron que los activistas sociales continúan siendo blanco de amenazas y ataques, y que el compromiso del gobierno de Honduras “con la sociedad civil no ha mejorado significativamente”.
Hace tres meses, los senadores demócratas pidieron adoptar una postura más estricta hacia Honduras. Los legisladores escribieron a Tillerson a principios de abril y dijeron que estaban preocupados por la ayuda financiera que Estados Unidos le seguía dando al país centroamericano “a pesar de las recurrentes amenazas y asesinatos de defensores de los derechos humanos y activistas ecológicos”.
De igual forma puntualizaron que la asistencia contravenía la ley que impone los términos para los países que reciben ayuda de Estados Unidos, incluyendo que las sociedades civiles puedan funcionar sin interferencia.
Entre las recomendaciones que los legisladores hicieron, está una que señala que Tillerson debería trabajar junto con el Departamento del Tesoro para oponerse a inversiones de instituciones financieras internacionales en las industrias hondureñas que están “creíblemente implicadas en las violaciones a los derechos humanos”.
El Departamento de Estado respondió a finales de abril, diciéndoles a los senadores que estaba de acuerdo en que Honduras “continúa enfrentando serios desafíos en materia de derechos humanos”. Sin embargo, la dependencia dijo que resolver “los arraigados problemas” que violentan los derechos humanos en el país centroamericano tomará tiempo y requerirá un compromiso constante por parte de Estados Unidos.
Estados Unidos asignó más de 5 millones de dólares a un programa de la OEAC que trabaja con el gobierno de Honduras para combatir casos notables de corrupción, de acuerdo con el Departamento de Estado.
MÁS APUESTA POR EL DESARROLLO
El abordaje de la cooperación de Estados Unidos con los países del Triángulo Norte fue un tema también abordado en la Conferencia Seguridad y Prosperidad en Centroamérica, llevada a cabo el 15, 16 y 17 de junio en Miami.
En esa ocasión organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación sobre las prioridades que puedan establecerse en cuanto a la ayuda del país norteamericano con la región, sobre todo ante las propuestas de la administración de Trump de control de la inmigración ilegal a través de medidas represivas, como el fortalecimiento de las fronteras y la deportación, en vez de atacar los problemas estructurales que hacen que las personas arriesguen su vida para cruzar las fronteras.
El Plan Alianza Para la Prosperidad, dotado de 750 millones de dólares anuales para los tres países, fue lanzado con el fin de promover oportunidades económicas e impulsar el capital humano para detener los flujos migratorios impulsados por la pobreza y la violencia en los tres países, pero el actual Gobierno estadounidense anunció que recortará parte de los recursos y se presume que esta disminución estará dirigida a los fondos para programas de desarrollo.
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Vulnerabilidad de derechos es un motivo más para migrar
En junio de este año, La Hora Voz del Migrante relató la historia de Carla Orellana Vallecilo, quien emprendió el camino de la migración desde La Esperanza, Intibucá, Honduras hacia Estados Unidos, para huir de la violencia contra quienes defienden los derechos de la comunidad Lenca y también de agresiones en el seno de su familia.
Orellana colaboró con el movimiento de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada el 3 de marzo de 2016 y señaló con pesar que en Honduras, si las personas se involucran en programas y organizaciones de ayuda social para las comunidades indígenas probablemente sufran de persecución y ataques.
La connacional dejó el país con un niño de 3 años y una bebé de nueve meses, sus motivaciones para buscar un ambiente más seguro. La entrevistada dice que no quería un futuro de violencia y represión para sus pequeños: “Sólo quiero que mis hijos no sufran, estoy haciendo mi mejor esfuerzo…quiero ayudar a la comunidad y a la iglesia. Estoy buscando rehacer mi vida junto a mis hijos”, dijo en esa ocasión.
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