Por Ana Cevallos
En el actual proceso electoral guatemalteco, Sandra Torres constituye el «anti-ejemplo» de las personas que necesitamos en política dado que no altera el statu quo (plagado de impunidad, corrupción y desigualdad) sino que se vale de él y lo manipula en su propio beneficio. De cierta manera se coronó con este «título» al recurrir a la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer para solicitar medidas de protección y alejar a los fiscales que lideran las pesquisas en su contra por financiamiento electoral ilícito.
Con este acto, la señora Torres atenta contra la lucha por la equidad y los derechos de las mujeres en, al menos, tres sentidos. El primero, porque tergiversa el objetivo de dicha Ley y con ello se burla de las verdaderas víctimas de la violencia machista que no gozan de su misma impunidad, ni poder económico y político. Esto es indignante considerando que en 2018 Guatemala ocupó la cuarta posición, entre una muestra de 221 países del mundo, en tasas altas de violencia feminicida.
El segundo, porque instrumentaliza el discurso y lucha feminista y los reduce a un simple y llano «mujerismo» que, valga aclarar, dista del término «hembrismo» (promovido por sectores recalcitrantes en los que en esta ocasión no profundizaré).
Así, mientras enarbola su condición de «mujer» y de «madre soltera» como si fueran razones suficientes para ser considerada víctima o inocente de posibles actos ilícitos; por otro lado, refuerza la idea errónea que predomina en el imaginario social (y machista) de que los derechos de las mujeres son a costa de los derechos de los hombres y que, las mujeres demandamos tratos preferentes (y «caballerosos») simplemente por serlo.
El tercero, porque, en un entorno patriarcal, que sea una mujer quien abusa de su posición podría repercutir en futuras barreras para el acceso de otras mujeres a la política; sobre todo para quienes intentan cambiar el statu quo. Esto en la medida que pareciera que se ha «naturalizado» que sean exclusivamente los hombres quienes actúen con la impunidad que actúa Sandra Torres.
Por tanto, el «caso atípico» que ella representa (posiblemente por una cuestión estadística impuesta por la brecha de género), podría pasar «factura» política y misógina en detrimento de la incursión de otras mujeres bajo argumentos como «las mujeres son iguales o peores que los hombres». Esta estigmatización podría ser más severa según clase social y etnia.
El caso de Sandra Torres no se trata de una «impunidad de género» sino que de una que viene dada por el sistema de corrupción y por el poder económico, político y patriarcal que ella ostenta.
En este sentido, la señora Torres demuestra que no basta ser mujer para representar a todas las mujeres en su diversidad ni para recibir el trato beneficioso que ella ha recibido. Si no, veamos a las 41 niñas del Hogar Seguro que murieron calcinadas y para quienes, a dos años de la tragedia, aún no se hace justicia.
