Por Margarita Girón
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La Corte de Constitucionalidad (CC) en Guatemala es el máximo tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Sin embargo, durante los últimas semanas sus resoluciones se han visto cuestionadas por diferentes sectores políticos y sociales que han manifestado su desacuerdo con sus acciones en materia constitucional, en especial por los amparos otorgados relacionados a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su titular Iván Velásquez para permitir su funcionamiento en el país.
Para conocer a detalle los procedimientos que la Corte utiliza y en específico ante coyunturas como la que vive actualmente el país, Rodolfo Rohrmoser, exmagistrado y expresidente de la Corte de Constitucionalidad, en una entrevista para el Diario La Hora, dio a conocer desde la perspectiva jurídica los procedimientos y desempeño de la actual CC ante los retos que ha representado la realidad nacional y los esfuerzos de diversos sectores por vulnerar la lucha contra la corrupción y con ello la institucionalidad del país.
Diario La Hora ¿Qué papel ejecuta actualmente la Corte de Constitucional (CC), en la coyuntura política y social del país?
Rodolfo Rohrmoser: La Corte de Constitucionalidad ejecuta el papel que le corresponde, que es aplicar el Derecho a los casos concretos.
LH: ¿Considera que el Estado vulnera de alguna manera el papel de la CC en el país?
RR: El papel de la Corte siempre se ve vulnerado, pero esa es su función. Al emitir el Congreso una Ley que se considere inconstitucional, la función de la CC es detectarla, detenerla y expulsarla del orden jurídico. De igual forma en el caso del Ejecutivo, al cometer algún tipo de arbitrariedad o abuso de poder, la Corte puede reprimir ese abuso por parte del funcionario para que su conducta se adecúe a las facultades que tiene y no más.
LH: ¿Qué significa que el Ejecutivo manifieste una actitud de desobediencia ante la resolución de la CC sobre el caso de la expulsión del comisionado Iván Velásquez?
RR: Mi interpretación sobre la sentencia de la CC es que ésta se ejecutaría al presentarse el Comisionado, solo allí se cometería un eventual delito, no antes. Quienes han presentado amparos y solicitudes tienen derecho a hacerlo, ya que la facultad de acceder a la justicia es ilimitada. Uno como abogado puede plantear lo que quiera, que esto resulte es el tema a cuestionar.
En este caso, certificar lo conducente significa atender lo que detalla el amparo provisional de la Corte y hay que atenerse a eso, la sentencia es clara, lo demás es especulación. Quien tiene que decir si existe un delito o no por parte de un funcionario es un Juez penal.
LH: Funcionarios de Gobierno han manifestado públicamente que no permitirán el ingreso del Comisionado a Guatemala, ¿esto no sería ya un acto de desobediencia?
RR: Los funcionarios públicos, como los abogados pueden hablar una y mil cosas, pero una vez no se ejecute lo contrario a lo expuesto en el amparo provisional no podríamos hablar de certificar lo conducente, que implica enviar una certificación al Ministerio Público (MP) para que este investigue lo correspondiente.
LH: El presidente Morales manifestó que consideraba inconstitucionales las decisiones de la Corte, ¿qué significa esto?
RR: Él (presidente Jimmy Morales) ha dicho que no hay dinero y cualquier cantidad de cosas, tiene derecho a equivocarse y el pueblo también tiene derecho a darle o no el beneficio de la duda respecto a sus palabras.
LH: ¿En casos como el de CICIG, cómo debe actuar un magistrado para fundamentar su decisión?
RR: El trabajo de un magistrado es estudiar el caso con detenimiento y adecuarlo a la ley, lo que no esté acorde a la Ley debe ser rechazado y lo que esté dentro de ella (la Ley) aceptarlo y proceder con lo que corresponda.
LH: ¿Cuál es el panorama que le espera a la CC de acuerdo a la situación que vive actualmente el país?
RR: El panorama es similar al que vivimos como Corte cuando ocurrió El Serranazo, cuando decidimos que el Golpe de expresidente Serrano Elías era inconstitucional arriesgamos la vida. Afortunadamente Serrano no actuó como lo hizo Fujimori en Perú, que encarceló a los magistrados de la Corte.
LH: Sobre el tiempo que tarda la Corte en resolver los casos, existen cuestionamientos sobre, por qué con unos temas se agilizan las resoluciones y en otros se retrasan, ¿A qué obedece esta variación?
RR: Existe un exceso de trabajo en la Corte, yo no creo que exista mala intención por parte de la CC preferir unos casos a otros, me resisto a creer en esa tesis, la consideraría como una tesis política. Jurídicamente ellos no pueden escoger entre Juan y Pedro, le dan la razón a quien la tenga.
LH: ¿Podría descartarse entonces cualquier tipo de injerencia por parte de otros poderes del Estado en las decisiones de la CC?
RR: Uno como juez está sujeto a todo tipo de presiones, uno debe rechazarlas tranquilamente. Somos como cualquier abogado que recibe propuestas ilegales, solo es cuestión de decir que no al cliente, se pierde dinero pero el corazón está limpio y se respira con tranquilidad.
LH: ¿La opinión que la ciudadanía tiene de la CC ha mermado las acciones de la Corte a favor o en contra de los sectores políticos?
RR: A mi criterio no tendría por qué verse afectado el trabajo de la CC por la opinión pública. La ciudadanía que lee sabe que la Corte está haciendo su trabajo correctamente.
LH: El Congreso ha propuesto reformas, buscan que sean los legisladores quienes conozcan las denuncias contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué piensa de estas iniciativas?
RR: Sería inconstitucional cualquier norma que vaya en contra de las facultades que tiene la Corte y que están perfectamente designadas dentro de la misma Constitución. En ese caso la Corte tendría que declararlo.
A nosotros nos pasó, en alguna propuesta pudimos habernos beneficiados rechazando cierta norma y mandarla al archivo, pero no quisimos conocerla como magistrados titulares, nos inhibimos para que la conocieran las suplentes, la Ley da ese tipo de soluciones en esos casos.
LH: ¿Qué expectativas se tienen respecto al papel de la CC para el próximo Gobierno?
RR: Yo esperaría que el próximo Gobierno respete las decisiones de la CC, cualquier funcionario que llegue al Poder debe acatar las resoluciones de la Corte porque son ejecutivas por ellas mismas.
LH: ¿Existen diferencias entre la Corte que presidió usted y la actual?
RR: Yo diría que no debería haber diferencia, la Corte debe velar para que se cumpla con lo que la Ley establece, garantizar el orden constitucional y la eficacia de los derechos humanos.
[recuadro]Así se conforma actualmente la CC
Actualmente la Corte de Constitucionalidad está conformada por los magistrados Dina Josefina Ochoa Escribá; quien preside dicho organismo y los magistrados; Bonerge Amilcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera, José Francisco de Mata Vela, así como cuatro magistrados suplentes.
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La Corte de Constitucionalidad ejecuta el papel que le corresponde, que es aplicar el Derecho a los casos concretos.
El panorama es similar al que vivimos como Corte cuando ocurrió El Serranazo, cuando decidimos que el Golpe del expresidente Serrano Elías era inconstitucional arriesgamos la vida.
Somos como cualquier abogado que recibe propuestas ilegales, solo es cuestión de decir que no al cliente, se pierde dinero pero el corazón está limpio y se respira con tranquilidad.
A mi criterio no tendría por qué verse afectado el trabajo de la CC por la opinión pública. La ciudadanía que lee sabe que la Corte está haciendo su trabajo correctamente.
Rodolfo Rohrmoser, exmagistrado y expresidente de la Corte de Constitucionalidad.
