Pbro. Mauro Verzeletti, C. S.
Director de las Casas de Migrante, Guatemala y El Salvador
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En un contexto mundial de crisis de gobernabilidad de las migraciones, indudablemente los jefes de Estados, Congresistas y Senadores, tienen la grave responsabilidad de crear mecanismos para redefinir las fronteras geopolíticas, haciendo cambios radicales y estructurales en las legislaciones nacionales en materia migratoria, para el cumplimiento de los derechos de la población migrante y refugiada.
La base para el estricto cumplimiento de los derechos de la personas en movilidad, desde el origen hasta el destino, tienen que contemplar efectivamente la “acogida, protección, promoción e integración”, como lo afirma el Papa Francisco. Así mismo, los Estados tienen la responsabilidad de acompañar a los trabajadores migratorios en todo el proceso migratorio. Solamente a través del respeto a los Derechos Humanos, los Estados pueden garantizar y prevenir que los migrantes no sean objetos de explotación laboral u otras forma análogas.
El desarrollo integral de los marcos jurídicos y legales se fundamenta la aplicación de los derechos humanos. Los Estados democráticos se constituyen en el pleno respeto a los migrantes, que se consolidan de la ciudadanía política sin fronteras, porque los ciudadanos involucrados en la movilidad transfronteriza, fueron expulsados de sus países por el sistema económico de mercado y político promiscuo.
Desde un enfoque integral de derecho, los sistemas de controles fronterizos implementados por los Estados, permiten violaciones sistemáticas al derecho de migrar. Las leyes antiinmigrantes injustas destruyen la soberanía del templo sagrado del ser humano, porque evidencian la ausencia o falencia del Estado en materia migratoria. Así mismo, los Estados son omisos en la rendición cuentas de abusos perpetrados en contra de los migrante y refugiado. ¡Migrar no es un delito de lesa humanidad!
Emerge un nuevo clamor desde los migrantes y refugiados, reconstruir la dignidad robada por falta de legislaciones migratorias éticas. En un mundo globalizado se requiere acciones para garantizar la seguridad social de los migrantes en el marco del derecho a migrar, y permitir que las personas migrantes tengan acceso a alimentación, salud, vivienda, agua, salubridad y educación.
Los migrantes trabajadores en situación de vulnerabilidad o indocumentados demandan mayores responsabilidades de los Estados y defensores de los derechos humanos, para asegurar que todas las personas disfruten de sus derechos asegurados constitucionalmente o en normativas internacionales.
¡Migrar es un acto de dignidad, no un delito! Los Estados tienen la obligación de salir de la globalización de la indiferencia, para la globalizar la solidaridad, la justicia y la verdad. Feliz Año Nuevo, un 2018, sin corrupción, impunidad y violaciones a los Derechos Humanos.
