Por Marco Antonio Lorenzana
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Desde gobiernos pasados el tema de los programas sociales ha sido un medio para llegar a un fin, “conseguir gobernar”. En el gobierno del PP, en efecto, se institucionalizaron (Mides), pero, rápidamente fracasaron. En la presente contienda electoral aún se está haciendo alusión a ellos para conseguir aquel mismo fin.
Lo cierto es que los guatemaltecos debemos saber más sobre “los programas de protección social” y su función en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
La idea central es muy sencilla. Es básicamente tratar de ayudar a las familias pobres hoy con algunas inversiones en su capital humano, en su nutrición, su educación y su salud; con la idea de que no las tengamos que ayudar mañana porque esas inversiones en su nutrición y educación les van a permitir en el futuro obtener trabajos con productividad más alta, salarios más altos y les va a permitir salir de la pobreza.
Estos programas deberían estar enfocados para todas las familias que viven en condición de pobreza extrema, independientemente de la composición demográfica de las familias, pueden o no tener niños. Claro que en el caso especial de las familias que sí tienen niños en edad escolar, el énfasis es doble porque se trata de que esos niños asistan a la escuela y no estén o mendigando en la calle o contribuyendo en la granja familiar o en el huerto familiar.
Es muy importante que no se crea que estos programas son la solución al problema de la pobreza en Guatemala. Son un componente de la solución, pero el Estado tiene que hacer mucho más para combatir la pobreza. Aspectos críticos son reformas laborales que permitan que jóvenes más educados puedan obtener trabajos más productivos.
De poco o nada sirve que un joven, gracias a estos programas de transferencia condicionada, tenga 3-6 años más de educación que sus padres si al ingresar al mercado laboral se encuentra el mismo conjunto de distorsiones que no lo permiten obtener un empleo formal y digno.
Igualmente, estos programas no mejoran la calidad la educación. Permiten que los niños vayan a la escuela, pero si el Estado no hace los esfuerzos para mejorar la calidad educativa, pues estos tres o seis años más de educación le van a rendir poco.
Entonces, el peligro más grande es pensar que esto es una varita mágica para resolver los problemas de la pobreza, como nos lo pretenden hacer creer la clase política partidaria. Es parte de una estrategia, más no una estrategia.
Si estos programas no se acompañan de una buena calidad educativa y de una buena calidad de servicios de salud, y una buena calidad de servicios nutricionales, se van a convertir muy rápidamente en solamente “la pura transferencia de ingreso”.
Y ahí se les estaría haciendo un daño a las familias porque se va a generar una permanente asistencia pública y no la inversión que es crítica para estos programas.
