POR REDACCIÓN LA HORA
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Para afrontar la crisis desatada por su propia decisión de expulsar a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el presidente Jimmy Morales se refugió en varios personajes que se han opuesto a que el sistema cambie. Algunos de estos apoyos han sido expresos, mientras que otros los han manifestado a través de acciones.
Jimmy Morales llegó al poder asegurando que su Gobierno practicaría “la nueva política”, pero arropado por un partido vinculado a las viejas formas, del cual formaban parte militares señalados de violaciones a los derechos humanos y vínculos con el narcotráfico.
Aunque el Presidente negó que detrás de él estuvieran personajes de pasado cuestionable, estos lazos se hicieron más evidentes cuando comenzó su mandato. Por ejemplo, cuando a la bancada oficial se unieron diputados provenientes de partidos de la vieja política, como Libertad Democrática Renovada (Lider) y el Partido Patriota (PP), pese a que el mandatario había asegurado que no aceptarían tránsfugas.
Sin embargo, hasta ese entonces las relaciones de Morales con la CICIG, el Ministerio Público (MP) y los sectores que respaldan la lucha contra la corrupción eran cordiales. El punto de ruptura, luego del cual el mandatario dejó clara su posición, fue cuando su hermano Samuel Morales y su hijo José Manuel Morales fueron procesados judicialmente por un caso de corrupción en el Registro de la Propiedad.
Este distanciamiento se marcó aún más luego de que el MP presentara una solicitud de antejuicio contra Edgar Ovalle, entonces Secretario General de su partido, y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) denunciara a su exasesor Herberth Armando Melgar Padilla por un caso de espionaje.
Pero el golpe final fue la declaración que dio el narcotraficante Marlon Monroy, alias “El Fantasma” en Estados Unidos, sobre sus presuntos aportes a la campaña del Frente de Convergencia Nacional (FCN)- Nación, según dijeron fuentes confiables a La Hora.
Cuando el pasado viernes el MP y la CICIG solicitaron un antejuicio contra el Presidente por financiamiento electoral ilícito contra Morales, quien como Secretario de FCN-Nación durante la campaña electoral no rindió cuentas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) del total de aportes al partido, el Presidente ya había tomado su decisión de expulsar a Velásquez para obstaculizar las investigaciones en su contra.
DIME QUIÉN TE APOYA Y TE DIRÉ QUIÉN ERES
El descontento de gran parte de la población se hizo conocer de inmediato, luego de que el Presidente dio a conocer que declaró “non grato” a Velásquez por medio de un video difundido en los canales de Gobierno. Miles de personas se congregaron frente a la Plaza de la Constitución para protestar contra la medida y otras tantas se presentaron en la sede de la CICIG para apoyar a Velásquez.
En tanto, la entonces ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, renunció a su puesto en protesta contra la orden del mandatario y argumentando que no existían las condiciones para desarrollar una labor transparente en el Gobierno de Morales.
La comunidad internacional también expresó su preocupación por la crisis provocada por el Ejecutivo. Organizaciones internacionales, embajadas donantes y miembros del Congreso de los Estados Unidos redactaron decenas de comunicados pidiendo a Morales repensar sus acciones y advirtiendo las graves consecuencias que podían derivar de las mismas.
En ese contexto, buscando aliados para legitimar su Gobierno, Morales ha sido arropado públicamente por personajes del mundo político señalados de opacidad y en algunos casos incluso denunciados por corrupción.
EL APOYO DE UN CONGRESO DESLEGITIMADO
Los primeros que salieron al rescate del Presidente fueron los miembros de la bancada oficialista, quienes pidieron respeto a sus decisiones y respaldaron el discurso del mandatario en cuanto a que el Comisionado Velásquez se excedió en sus funciones.
“En consenso general la Bancada FCN apoya y apoyará al Sr. Presidente Jimmy Morales en las decisiones que tome en Política Exterior (sic)”, expresó en un tuit el jefe de la bancada, Javier Hernández. El mensaje estaba acompañado de una fotografía de los diputados oficialistas.
Otras bancadas no expresaron su apoyo directo al Presidente, pero dijeron a La Hora que se debían respetar las decisiones del Ejecutivo.
El apoyo de un Congreso deslegitimado, puede parecer poco trascendental para generar simpatías en la población, pero será importante cuando la solicitud de antejuicio contra Morales sea conocida en el pleno de diputados. Fuera de record varios legisladores han dicho a La Hora que la acción legal será rechazada, aún sin conocer las evidencias del MP y la CICIG sobre el financiamiento ilícito de FCN.
Y es que, de acuerdo con datos de la organización Congreso Trasparente, 50 por ciento de las bancadas tiene por lo menos un diputado que enfrenta un proceso legal o una solicitud de antejuicio por parte del MP.
Hasta la fecha 31 congresistas, de los 158 que conforman el pleno, son señalados por la justicia. De ese total 14 pertenecen a FCN-Nación.
ARZÚ, EL SEÑOR DE LOS FIDEICOMISOS
El alcalde capitalino, Álvaro Arzú, un viejo conocido del sistema guatemalteco, quien guarda para sí y sus allegados un importante caudal político, expresó ayer su apoyo a Morales en una actividad de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), criticando además a quienes hablan de cambios al sistema.
“Hay quienes como los que están acá buscamos un estado de derecho en contra de quienes quieren un estado desecho. La diferencia es que nosotros somos identificables, damos la cara, ponemos nuestra firma, nuestro nombre…en cambio, los que quieren un estado de desecho no sabemos quiénes son, cuántos son y cómo son. Esa es la diferencia, son quienes dicen que el sistema hay que cambiarlo. Un sistema se puede mejorar, se puede acrecentar, pero no se puede cambiar y si quieren cambiar el sistema ¿qué sistema se les ocurre? o sea, es algo que la gente va repitiendo porque lo escucha a través de los medios de información”, dijo el jefe edil.
En la misma actividad, Arzú dijo que todos apoyaban la lucha contra la corrupción, pero que estaba en desacuerdo que la abanderen los “más corruptos”, señalando a los que han vivido del “chantaje y la extorsión”.
Arzú se ha aprovechado del uso de fideicomisos para administrar alrededor de Q1 mil 500 millones de la comuna capitalina. Esto, pese a que la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha cuestionado la utilización de dicha figura del derecho privado para el manejo de dinero público, pues se dificulta la fiscalización del mismo.
En mayo de este año, la CGC presentó una denuncia contra la alcaldía por ser reincidente en el pago irregular de comisiones a bancos, que ocurrieron por el uso del Fideicomiso Metropolitano de Manejo de Recursos Naturales y de Recreación, Cultura y Deporte.
En tanto, la CGC establece en su informe que en el Fideicomiso del Transporte hay varios contratos en los que se adjudicaron obras como eventos de cotización pese a que sobrepasaban los Q900 mil establecidos por la ley.
Otros hallazgos de la Contraloría ascendieron a Q111.6 millones, por el pago anómalo del servicio eléctrico; Q4 millones, por incumplir con los plazos establecidos en ley en los eventos de cotizaciones públicas y licitaciones, y Q69 mil, porque no se contabilizaron los cobros por compensación de tres viaductos y la ampliación del Anillo Periférico, pese a que la Municipalidad efectuó gastos por estos proyectos por Q1.2 millones.
Además, se presentó un hallazgo por Q99 mil 645 en horas extras injustificadas, que incumplen con el Código de Trabajo y también por un pago irregular de Q24 mil 919 a Arzú, y Q21 mil 50 a la secretaria del Concejo, María Elena Cruz.
Pese a todo lo anterior, el alcalde capitalino señaló a quienes demandan reformas para fortalecer a las instituciones de querer romper el orden constitucional.
“¿De qué se trata un golpe de Estado?, ¿quién lo va dar si el Estado somos nosotros? El desafío es grande, pero nosotros también. Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra”, expresó el jefe edil.
Dichas palabras también hicieron recordar en redes sociales cuando, hace más de un año, Arzú ofreció facilitar a los inquilinos de “El Amate” palos para sacar a “morongazos” a los vendedores ambulantes. El jefe edil enfrentó un proceso de antejuicio al ser denunciado por esas palabras y con ello incitar a la violencia.
Arzú logró retrasar el proceso al negarse a asistir de manera personal al juzgado para presentar sus pruebas de descargo. Uno tras otro los amparos que interpuso con ese fin fueron rechazados y, obligado por la Corte de Constitucionalidad (CC), finalmente compareció ante la jueza contralora.
Pese a las evidencias presentadas por el denunciante Luis Alberto Luna, los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal resolvieron que el discurso que el alcalde capitalino Álvaro Arzú profirió fueron “en son de broma” y no con la intención de incitar a la violencia, por lo que los togados rechazaron retirar la inmunidad al jefe edil.
UN CAMALEÓN AL FRENTE DE LA ANAM
La convocatoria de apoyo al presidente Morales de los alcaldes provino del presidente de la ANAM y jefe edil de Villa Nueva, Edwin Escobar, un camaleónico político que llegó por primera vez al poder municipal con el partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO) en el período 2012-2016, para luego conseguir la reelección con Lider.
Escobar explicó en conferencia de prensa, un día antes de la muestra de respaldo al mandatario, que el Cuerpo Colegiado, el Consejo Consultivo y la Junta Directiva de la ANAM, en la representación de sus 22 asambleas departamentales, respaldaban el apoyo en la lucha contra la impunidad y la corrupción, pero también esperaban que la decisión del Presidente no fuera una razón de división.
“Esperamos que la CICIG continúe haciendo una buena labor, igual que el MP, con el gobierno de Jimmy Morales, como lo ha venido haciendo en el último año y medio. Que esta decisión del Presidente de declarar “non grato” al Comisionado no sea una razón para dividirnos como país, sino una oportunidad para construirnos como país, apegados a ese estado de derecho, a la institucionalidad, al debido proceso y mantener un orden constitucional”, argumentó Escobar, quien utiliza la ANAM como una plataforma política para su candidatura presidencial en 2019, según reportó elPeriódico.
El jefe edil de Villa Nueva expresó su desacuerdo por la supuesta intención de causar un golpe de Estado técnico en contra de Morales y de nombrar a otra persona.
“Estamos en total desacuerdo que diferentes sectores, con intereses contrarios a esa mejor Guatemala, estén propiciando esa zozobra e incertidumbre para provocar un golpe de Estado suave o técnico, que busque en su tiempo remover de su cargo al Presidente y con esto eventualmente nombrar a un Presidente a dedo, porque esto pone en riesgo ese estado de derecho que nosotros como alcaldes hoy reconocemos y nos da la autoridad local. Como autoridad local la proximidad con nuestra población”, dijo.
Escobar agregó: “Hemos dejado en claro que nosotros consideramos, como alcaldes, que el Presidente de la República ha tomado una decisión en derecho y en ley, que esa decisión ha sido impugnada en derecho por otra instancia y que esto está en un compás de espera en la CC, pero respetuosos del debido proceso, nos sometemos al mismo”, refirió en la mañana de ayer y antes de que se conociera la resolución de la CC que suspendió definitivamente la expulsión de Velásquez.
SUSPENDE PROYECTO CARCELARIO
Sin embargo, Escobar también fue el funcionario que detuvo el proyecto carcelario que el Ministerio de Gobernación tenía previsto implementar el año pasado, con el fin de descongestionar en un porcentaje las cárceles y fortalecer al Sistema Penitenciario.
Inicialmente Escobar no se había opuesto a la implementación de la prisión, incluso viajó a República Dominicana para conocer el proyecto, pero el 31 de octubre de 2016 anunció la suspensión del plan, el cual sería inaugurado en diciembre de ese año.
Escobar declaró a La Hora en esa oportunidad, que “nadie era superior a la Ley” y en ese sentido esperaban que el Mingob cumpliera con los requisitos legales.
“Yo fui a ver el proyecto a Dominicana y me gustó mucho, creo que Guatemala necesita el nuevo modelo penitenciario y yo puedo estar de acuerdo en apoyarlos, pero no puedo darles… si no cumplen con los requisitos”, reiteró.
Por otro lado, el viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán, dijo en aquella ocasión que el alcalde conocía el proyecto antes de la gestión del titular de Seguridad, Francisco Rivas, y cuando la nueva administración se acercó a hablar sobre la ubicación de la prisión, el funcionario estuvo de acuerdo.
Guzmán detalló que la licencia de impacto ambiental que requiere la Municipalidad de Villa Nueva no era necesaria porque no se está construyendo el edificio, en tanto, argumentó que el espacio donde se ubicaría la prisión era un bien del Estado.
ALCALDES TAMBIÉN TEMEN FISCALIZACIÓN
Los jefes ediles también han sido señalados de actos de corrupción y han estado en el ojo de investigaciones dirigidas por la CICIG y el MP. Es por ello, consideran analistas, que ahora se suman al respaldo hacia el presidente Morales, en su intención de sacar al jefe de la CICIG del país.
La idea; sin embargo, permite que salgan a luz temores y verdaderas intenciones de personajes como Arzú y Escobar, indicaron.
Jorge Wong, politólogo independiente, aseguró que con este tipo de manifestaciones de apoyo a Morales se están desnudando las estructuras que estaban ocultas.
“Ahora podemos ver y entender bien cuáles son y cómo son las estructuras que están acuerpando las decisiones del presidente. Obviamente si ellos las acuerpan es porque ellos los verían beneficiados o afectados”, señaló Wong.
La percepción del analista es que las estructuras se están quitando el antifaz y están dando la cara. Además están usando las técnicas que han usado siempre, por ejemplo, el acarreo de personas.
“Si usted es un alcalde que cree que puede tener a la CICIG en el cuello, obviamente le conviene apoyar la salida de Velásquez porque le va permitir tener un margen de maniobra”, comentó.
En la misma línea opinó Stephanie Rodríguez, analista independiente. Según Rodríguez, la opción que está tomando el Presiente en medio de su falta de credibilidad y respaldo es recurrir a ciertos grupos que por motivos diversos están de acuerdo con la decisión que tomó, por más equivocada que sea.
“El Presidente estaba tan debilitado que buscó cualquier tipo de aliado que fuera posible para que lo apoyaran en su decisión tan errática… Los alcaldes obviamente son los que tienen contacto más directo con la población en el país y tienen la capacidad de movilizar gente”, señaló Rodríguez.
Asimismo, dijo, es natural que los alcaldes, siendo funcionarios que han sido señalados de diferentes tipos de delitos, no estén de acuerdo en los avances en investigaciones y en la lucha contra la corrupción.
El analista independiente Renzo Rosal indicó que el presidente Jimmy Morales está refugiándose en los alcaldes y otros sectores debido a que estos oponen a cambios en el país y en especial buscan frenar el avance de la lucha contra la corrupción, debido a que dichas investigaciones pueden afectarlos.
“El Presidente está acudiendo a aquellos que fueron los que impulsaron en gran medida su llegada a la Presidencia y a aquellos que han impulsado la agenda real de su gobierno”, dijo Rosal.
Por su parte Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, señaló que Jimmy Morales está buscando anidar en grupos y sectores que manejan un poder de convocatoria fuerte entre la población, ya que en el caso de los alcaldes estos son líderes comunitarios en sus localidades.
Ibarra asegura que los alcaldes son el grupo político más expuesto a cometer actos de corrupción, ya que al ostentar autonomía pueden trabajar sin mayores controles que los que establece la CGC. Agregó que los auditores de la Contraloría se ven cooptados en las corporaciones municipales.
“Él –Jimmy Morales- en este momento está anidando en grupos que pueden dar movilización para su pretendida popularidad”, dijo Ibarra.
PROCESADOS POR CORRUPCIÓN TAMBIÉN EXPRESARON APOYO
La experta cuestionó que gente como Otto Pérez Molina y Marvin Montiel, alias “El Taquero” también estén manifestado apoyo al presidente Jimmy Morales, lo cual han estado realizando en declaraciones a la prensa.
Asimismo, agregó que el Presidente se ha cuidado de no atacar a la CICIG como tal, sino únicamente al Comisionado Iván Velásquez, a diferencia de otros detractores de la Comisión.
Ibarra dijo que el MP y la CICIG tocaron las fichas más sensibles del sistema de partidos políticos al exponer las redes del financiamiento electoral ilícito, las cuales facilitan la cooptación del Estado.
