Por Marvin S. Otzoy
[email protected]
El Ministerio de Relaciones Exteriores, al que le corresponde la formulación de las políticas del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas en cuanto a los asuntos diplomáticos y consulares, tiene un presupuesto total para 2017 de Q442 millones 676 mil, de los cuales el 99.4% se destina a gastos de funcionamiento y administración.
Bajo este punto de vista fácilmente se deduce que dentro del presupuesto del Minex no existen programas de atención al migrante que lo puedan arropar en diferentes áreas. Tener un ministerio dinámico, activo y de coordinación interorganizacional con grupos migrantes para llevar a cabo programas de interés real a la diáspora está verdaderamente muy distante de que suceda.
Los consulados no solamente son capturadores de datos para emisión de pasaportes y matrículas consulares, sino que se necesitan por ejemplo: a) Asesoría, pero especialmente acompañamiento legal migratorio gratuito, no solamente en las ciudades donde hay consulados físicos, sino a todo lo largo y ancho de la nación estadounidense; b) Programas educativos, desde la alfabetización hasta la inducción al civismo y la legislación del país al que llegan; c) Clases de ciudadanía estadounidense; d) Programas comerciales, financieros y educativos para desarrollar más empresarios; e) Asistencia médica y de seguros al migrante y transmigrante especialmente; f) Ampliación de los gastos de repatriación de connacionales; g) Coordinar para que existan oficinas gubernamentales de atención al migrante al menos en las sedes consulares, como de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la SAT, del Registro de la Propiedad, del Registro de Ciudadanos y del Ministerio Público urgentemente, solamente por mencionar algunas.
Con el 0.6% del presupuesto que le sobra es técnicamente imposible, porque eso ya lo tienen destinado en gastos de ampliación física y equipamiento que le llaman. Entonces se necesita crear un andamiaje apropiado para que los programas propuestos anteriormente sean una realidad.
La institución que debiera encargarse en parte de ello, Conamigua, ni hablar. Ha sido inoperante y ni siquiera puede ejecutar en el extranjero. Reformar sus leyes debiera ser imperativo, pero con participación migrante. Y quienes votan para reformar esas leyes en la 9a. avenida, por más que se les haga el trabajo, seguirán indiferentes.
