POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y su Familia respaldan el derecho a migrar, sin embargo, esta facultad difícilmente se respeta.
El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. También refiere que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar.
Mientras que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y su Familia, señala que la misma será aplicable, salvo cuando en ella se disponga otra cosa, a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
La Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.
ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD
Hilda Morales, defensora de derechos humanos, opina que migrar es un derecho y todas las personas pueden hacerlo, sin embargo, desafortunadamente se han establecido fronteras de carácter político a las cuales se les ha denominado “soberanía”.
De acuerdo con Morales, la dignidad humana de las personas migrantes es vulnerada constantemente, al punto de que se han cometido delitos como asesinatos, secuestros, violencia sexual, trata de personas, entre otros.
“Esa dignidad humana se ve vulnerada, porque hemos visto la migración a grandísimas escalas, en Europa que han llegado de otros países atentando contra su propia vida, teniendo un rechazo o una xenofobia extrema de parte de las autoridades o de las poblaciones. En el caso de los guatemaltecos y guatemaltecas de todas las edades, que viajan a Estados Unidos, en busca de un nivel de vida que les permita sobrevivir. Esos atentados contra su dignidad e integridad irradian en delitos, en casos por ejemplo como el de Tamaulipas”, lamentó la entrevistada.
AMENAZA POR DISPOSICIÓN
Por otro lado, Erick Maldonado, analista en temas migratorios, manifiesta su preocupación debido a que el derecho a migrar ha sido vulnerado en Estados Unidos por la disposición del presidente Donald Trump, sobre el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).
En los últimos días se ha conocido que Trump decidió que el Congreso sea el que establezca si el proyecto debe continuar o no. El DACA fue promulgado por el exjefe de Estado de esa nación, Barack Obama, que aunque no aseguraba el acceso a una visa, permitía una cobertura legal para menores de edad indocumentados, ya que podían acceder a seguridad social, una licencia de conducir, permiso para trabajar, entre otros.
“Esas también son formas de vulnerar el derecho a migrar, porque los Estados están definiendo mecanismos restrictivos, de coacción que impiden una libre migración”, lamentó Maldonado.
MINIMIZAR LOS RIESGOS
En tanto, el entrevistado considera que las personas extranjeras que migran a Guatemala, pueden contrarrestar los riesgos con el Código de Migración que está vigente y que califica como “una importante legislación, que reenfoca el tema migratorio desde una perspectiva humanista, que prioriza los derechos humanos”.
Mientras que, en el caso de los conciudadanos que migran a Estados Unidos, pueden minimizar los riesgos al informarse sobre los peligros que conllevan migrar, también deben saber cómo actuar si fueran detenidos, y qué actitudes deben tomar.
