Por NOMAAN MERCHANT
HOUSTON (AP)
La madre de una bebé migrante que falleció poco después que la dejaran en libertad del mayor centro de detención familiar del país demandó el pasado 28 de febrero a la ciudad de Arizona a la que el gobierno federal pagó durante años para que se hiciera cargo de la instalación solo nominalmente.
En la demanda, la guatemalteca Yasmín Juárez alega que su hija de un año, Mariee, fue afectada por una enfermedad respiratoria en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, y el personal médico no le brindó atención adecuada antes que la liberaran tres semanas después.
La demanda está dirigida contra la localidad de Eloy, Arizona, que cobraba US$438 mil dólares anuales al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) para operar oficialmente las instalaciones durante cuatro años, aun cuando la ciudad se ubica a unos mil 450 kilómetros (900 millas) de distancia. Eloy contrató después a la operadora privada de prisiones CoreCivic para que se hiciera cargo de Dilley, en un acuerdo cuestionado incluso por los propios abogados del ICE.
El fallecimiento de Mariee en mayo puso de relieve las quejas presentadas por activistas desde hace mucho respecto al nivel de la atención médica para los inmigrantes detenidos, en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump pretende incrementar las detenciones de padres y menores migrantes por periodos más largos.
Al menos nueve niños menores de un año se encuentran detenidos en Dilley, según abogados que trabajan con familias migrantes retenidas en ese lugar. Grupos de asistencia legal presentaron recientemente una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional debido a lo que describieron como “un alarmante incremento” en el número de infantes detenidos.
Los demócratas en el Congreso han solicitado que sea investigada la muerte de Mariee y otros incidentes recientes, como el caso de una mujer en custodia que dio a luz a un mortinato la semana pasada y el fallecimiento de dos menores detenidos en diciembre por la Patrulla Fronteriza después que cruzaron con sus padres hacia Estados Unidos por la frontera con México.
El ICE declinó hacer declaraciones sobre la demanda de Juárez, pero señaló que toma el bienestar de los detenidos “con suma seriedad”.
“El ICE está comprometido a garantizar el bienestar de todas las personas bajo su custodia, como brindar acceso a la atención médica necesaria y adecuada”, señaló la agencia.
En la demanda se afirma que Mariee fue afectada por una fiebre severa una semana después de su ingreso en Dilley, el 5 de marzo de 2018.
