Pbro. Mauro Verzeletti, C. S.
Director de la Casa del Migrante Guatemala y El Salvador
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El 18 de diciembre, en el marco del 28 Aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de 1990, los Estados adquieren la primera responsabilidad en cumplir con los derechos ratificados a través de la firma.
Los Estados tienen la responsabilidad de atender las causas estructurales que generan pobreza, violencia y mejorar la seguridad mundial para el desarrollo humano integral. Esto significa, reorientar los derechos humanos de los migrantes trabajadores en el marco de los Pactos Globales firmados en Marruecos, y facilitar la reunificación familiar. Así mismo, eliminar las crueles deportaciones masivas sin criterios, poniendo fin la militarización de las fronteras y el terrorismo en contra de los migrantes.
La Convención tiene como base la protección internacional de los derechos de los trabajadores migratorios, no importando la condición migratoria de irregularidad. Así mismo, los Estados deben de acompañar a los trabajadores migratorios desde del origen, tránsito y destino; toda y cualquiera responsabilidad recae exclusivamente sobre los Estados. El objetivo principal es el respeto a los derechos humanos, para asegurar que los trabajadores migratorios no sean explotados y engañados laboralmente.
La Convención fortalece el empoderamiento de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares más allá de las fronteras, son sujetos de igualdad bajo el principio de la no discriminación. Los Estados deben permitir que las víctimas de violaciones de derechos humanos actúen para que los responsables rindan cuentas por sus acciones y atrocidades cometidas en contra los migrantes trabajadores. Los Estados firmantes obligatoriamente tienen que rendir cuentas de la aplicación de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y velar por su desarrollo integral.
Así mismo, se debe asegurar el derecho a la seguridad social de los migrantes en el marco del derecho a migrar, que permita que las personas migrantes tengan acceso a alimentación, salud y educación. La situación de indocumentados demanda mayores esfuerzos de parte de los Estados y defensores de los derechos humanos, para asegurar que todas las personas disfruten de sus derechos humanos integralmente, sin discriminación, racismo, xenofobia y la trata de personas.
Los Jefes de las naciones si quieren poner fin el drama que viven los Trabajadores Migratorios, tienen que eliminar todas las formas de violaciones perpetradas en contra de la dignidad de los migrantes. El desarrollo humano integral debe ser orientado hacia el cumplimiento de los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. Los Estados deben de ampliar la protección, monitoreo, y estar más cercanos a la situación de alta vulnerabilidad y las desventajas que afrontan los trabajadores migratorios.
