POR MARVIN S. OTZOY
La política como tal es una de las ciencias sociales que analiza el comportamiento de una sociedad y derivado de ese comportamiento debe proponer solución de problemas para lograr el bienestar común de las mayorías. El Estado de Guatemala es el encargado de orquestar políticas públicas que conduzcan a su desarrollo y consecuentemente a la erradicación de la pobreza extrema, corrupción, impunidad y de tantos otros males.
Por un lado la población migrante ha adoptado la disciplina que le impone la legislación y la institucionalidad del país que le ha cobijado. Se ha aprendido a convivir entre el respeto mutuo y el propio respeto a las autoridades. Hay muchos guatemaltecos en el extranjero que se preguntan por qué en su país de origen las cosas no caminan como debe ser. Por qué la falta de atención a las necesidades básicas migrantes, como por ejemplo su apropiada documentación. Y por otro lado dentro de la institucionalidad del Estado indudable e imperativamente debe existir participación migrante en los altos niveles de decisión y ejecución. En el plan de gobierno actual no existe ni una sola palabra referente al cuidado del migrante guatemalteco, mucho menos una planificación para su bienestar. Y en la adaptación gubernamental al Plan K’atun, nuestra Guatemala 2032, un plan nacional de desarrollo ya existente, no figura el papel del migrante en este desarrollo. Imagínese un Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadas y consulados dirigidos por migrantes; una participación migrante activa y directa en la Junta Monetaria, velando y proponiendo oxígeno económico al país a través de las remesas familiares productivas y multiplicativas; en los Consejos de Desarrollo Departamentales y Municipales canalizando programas que verdaderamente ayuden a las comunidades; el Plan Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte no tiene apertura al diálogo participativo a las “comunidades” hacia donde se enfocan sus objetivos. Y se puede seguir mencionando instituciones clave para el desarrollo del país donde debe existir presencia migrante, tal como Ministerio de Gobernación (pasaportes), el Renap (documentación), Tribunal Supremo Electoral TSE (empadronamiento), Inguat, el Registro de la Propiedad, Segeplan, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, en el Congreso de la República, en donde en más de alguna oportunidad se ha argumentado que cuando se legisla debe legislarse cualquier ley también pensando que hay guatemaltecos cuyos derechos constitucionales les afectan alrededor del mundo. Las instituciones citadas son solamente un ejemplo donde el poder de decisión directa e inclusión del migrante son totalmente nulos. Consecuentemente la comunidad migrante está llamada a revertir su propio destino en base a objetivos comunes y reconquistar Guatemala para el nuevo florecer de su eterna primavera.
