Es difícil encontrar las palabras exactas para detallar cuán importante es el momento que se vive en Guatemala a pocos meses de la decisión determinante sobre quién ha de dirigir el Ministerio Público a partir de mayo, cuando termine el período de la Fiscal General Thelma Aldana. Baste decir que el futuro del país depende de esa decisión que deberán tomar los integrantes de la Comisión de Postulación integrada por el Presidente del Organismo Judicial, los Decanos de las Facultades de Derecho de las universidades del país, y los Presidentes del Colegio de Abogados y del Tribunal de Honor de esa entidad gremial, y luego de la designación final que deberá hacer el Presidente de la República, quien ha dado ya abundantes muestras de su compromiso y dirección efectiva del Pacto de Corruptos.
Y es que el futuro del país depende de si logramos consolidar la lucha contra la corrupción y la impunidad, y en esa consolidación es indispensable la participación decidida del Ministerio Público que tiene el monopolio de la acción penal y sin cuyo concurso la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no tiene absolutamente nada que hacer. La principal apuesta de todos los que han sido sindicados por actos de corrupción es que un nuevo Ministerio Público deje de impulsar los casos en su contra y deje de aportar las pruebas o de oponerse al litigio malicioso que se viene efectuando. Con un MP comprometido con la corrupción veremos que rápidamente se produce el masivo éxodo de las cárceles y apenas aquellos que son verdaderos gatos dentro de las estructuras continuarán sometidos a proceso, mientras los cabezones harán valer la tradición histórica de que la justicia no se aplica aquí a los poderosos.
El miércoles de la semana que termina el comisionado Iván Velásquez hizo serias reflexiones sobre lo que significa y lo que debiera ser el proceso de elección de Fiscal General, y ojalá que su llamado a la población sea tomado en cuenta porque, sin exageraciones, se trata del pulso definitivo entre los que han ido consolidando el Pacto de Corruptos y los ciudadanos que entienden que un sistema que funciona únicamente para beneficio de los sinvergüenzas y perjuicio de la población no tiene viabilidad. El país está destruido porque la corrupción ha consumido los recursos que tendrían que servir para ofrecer servicios básicos y mantener, por lo menos, la infraestructura maltrecha precisamente porque fue construida en el marco de las coimas y mordidas que permitieron obras que son un auténtico mamarracho porque su fin no era edificar, sino simple y sencillamente robar.
Vivimos, pues, La Hora Decisiva.
