POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El juez Pablo Xitumul, actualmente Presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, ha integrado diversas judicaturas que han emitido sentencias en casos de alto impacto y es reconocido por sectores de la sociedad civil como un operador de justicia independiente.
En entrevista con La Hora, Xitumul habla sobre los intentos que han emprendido varios actores por vulnerar su independencia judicial y de cómo el poder político, en ocasiones, pareciera identificarse con los acusados y ejecuta acciones tendientes a perjudicar la impartición de justicia.
¿Ha percibido intentos de atacar independencia en el ejercicio de la judicatura?
Claro. Desde hace algún tiempo hemos observado interferencias, o intentos, de interferir en la función jurisdiccional, tanto internas como externas (al Organismo Judicial -OJ-). Externa por los particulares, familiares de acusados, procesados, ya sea en casos iniciados en tribunales o ya próximos a la fase de juicio, que es lo que nos corresponde como tribunal.
Debo decirles que estuve primero como juez vocal del Tribunal “A” de Mayor Riesgo desde el año 2011 hasta 2015, cuando fui nombrado como Presidente de este tribunal. Desde entonces he observado esas interferencias.
Cuando digo presiones internas es porque, por ejemplo, la Supervisión General de Tribunales, desde 2011 hasta 2015, más o menos, coincidentemente cuando uno está más ocupado, centrado, concentrado en la fase de las conclusiones (de los juicios) ha resultado que se presentan supervisores auxiliares de tribunales con el argumento de que es una supervisión preventiva y enseñan, la mayoría, la hoja o la disposición para hacer la prevención. Sin embargo, piden expedientes, es decir, quitan tiempo al personal porque en la fase de conclusiones el poco personal se concentra en atender esos casos porque son complejos… Nosotros tenemos casos de procesados de 15 en adelante y el más voluminoso que tenemos hasta el momento es de 208 personas.
Si es una cuestión preventiva, deben esperar o deben coordinarlo con el juez (la Supervisión) porque, perdón la expresión que voy a utilizar, venirse a meter al tribunal gente extraña, yo lo considero como una interferencia. Esto lo vimos más en el Caso Molina Theissen, que alrededor de doce veces vinieron entre dos supervisores y tres supervisores a este tribunal trayéndome las denuncias y calculando el receso del almuerzo me esperaban y me abordaban, cuando yo tenía que almorzar todavía y regresar… Teníamos 45 minutos a 50 minutos a una hora para almorzar y entonces había que atenderlos.
¿El Estado ha proveído de la seguridad necesaria a jueces de mayor riesgo para realizar su función jurisdiccional?
La honorable CSJ actual me ha brindado el transporte para mis movimientos de la Torre de Tribunales a casa y viceversa. En cuanto a seguridad personal, no puedo quejarme, la CSJ y el Ministerio de Gobernación ha designado el personal que me acompaña en mis desplazamientos velando por mi seguridad y la de mi familia también.
Sí debo decir que el Sistema Interamericano, a quienes hemos integrado Tribunales de Mayor Riesgo, ha brindado medidas cautelares desde mediados de 2013, después de haber finalizado el debate contra el general Ríos Montt por genocidio. Entonces se ha mantenido, (sin embargo), excuso decirles que cuando Copredeh estaba dirigida por el señor (Antonio) Arenales Forno, esta persona, con una tendencia que yo la califico como nefasta en cuanto a su dirección de dicha entidad, cada seis meses pedía el levantamiento de las medidas cautelares al Sistema Interamericano. Eso significaba también que nos quitaba tiempo porque mi representante, que es la PDH en Guatemala ante ese Sistema, tenía que elaborar informes, recabar información, nos mandaba a preguntar qué podíamos opinar. Lo que yo decía era que ya este señor Arenales Forno dejara de fastidiarnos de esa manera, de estar pidiendo el levantamiento de las medida. Su argumento falaz, espurio, era de que habían sido decretadas (las medidas de protección) en 2013 y que a la fecha los riesgos se habían minimizado, cuando en mayor riesgo nuestra competencia es ampliada a nivel nacional y conocemos desde delitos enmarcados en justicia transicional, narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, asesinatos, secuestros, pandillas… Eso era como una evasión u omisión por parte del Estado de Guatemala. Afortunadamente el Sistema Interamericano ha mantenido una de las medidas para mi persona, para los integrantes del Tribunal de Mayor Riesgo “A” y me imagino que para otros colegas jueces del sistema de mayor riesgo.
¿Esto podría interpretarse como una voluntad política por obstaculizar la impartición de justicia?
Exactamente, era lo que decía al inicio de las interferencias externas. Es decir, uno hace su trabajo de la mejor manera, sin embargo, hay personas que se identifican con determinados grupos que están siendo juzgados y reitero, la justicia es igual para todos, la justicia es universal.
Usted ha integrado tribunales que han emitido condenas en casos de alto impacto, los más recientes Molina Theissen y AMSA, pero también en el Caso Genocidio ¿han tenido alguna implicación estos casos para su vida profesional?
Claro. Antes del Caso Genocidio que se inició del 19 de marzo de 2013 y lo concluimos el 10 de mayo del mismo año, antes de ese debate habíamos conocido el Caso Dos Erres, Plan de Sánchez, Sáenz Calito (la desaparición del estudiante sancarlista Enrique Sáenz Calito), la -quema de la- Embajada de España, (la desaparición de) Fernando García y otros casos más de justicia transicional, es decir, ligados al Conflicto Armado Interno. Entonces ya veíamos las recusaciones, las peticiones de que nos excusáramos, de que nos inhibiéramos de los casos y, como no lo conseguían, nosotros no podíamos renunciar a la competencia asignada, eso lo tengo claro, que cuando se asigna la competencia al juez no puede renunciar, la competencia es indelegable a partir de ese momento.
Entonces, como sus estrategias de que nos inhibiéramos o nos excusáramos no surgieron los efectos deseados para los interesados, empezaron con atacar nuestra integridad, seguimientos, insultos a través de medios de comunicación, a través de redes sociales que empezaban en ese momento, ya para difamarnos… Que mi colega Yassmín Barrios y yo éramos de izquierdistas, cuando estoy seguro que la administración de justicia no tiene nada que ver con tendencias ideológicas, con pensamientos de izquierda o de derecha, nada de eso. La justicia es de sentido común, es de humanismo, es de plataforma probatoria, nada más. Este Tribunal de Mayor Riesgo (el “C”) ha emitido sentencias absolutorias, no solo condenatorias, actuando de manera objetiva.
Hablemos del Caso AMSA, ¿qué mensaje lanza el tribunal a la sociedad con esta sentencia en la que se condena, por primera vez, a una exvicepresidenta?
En primer lugar, que las personas, en caso de incurrir en delitos o en hechos delictivos o actos delictivos, deberán responder como corresponde por sus actos, así de simple. Nadie es superior a la ley, nadie puede escapar al brazo de la justicia, si no es pronto, en cualquier momento. En el caso específico que menciona, AMSA, afortunadamente como persona, considero que las personas tenían derecho a ser juzgadas en el plazo razonable y eso fue lo que se hizo. Ese caso data de 2015, las personas fueron detenidas en 2016 y considero que, a 2018 habiéndose emitido la sentencia, el juzgamiento ha sido en plazo razonable. Por supuesto, había personas que tratando de entorpecer el buen inicio del debate, pero logramos aperturarlo (sic), continuamos y, ya en el desarrollo, hubo intentos de detener el debate, afortunadamente nos mantuvimos de la mejor manera.
Otro mensaje es que la población ha despertado, la población no se deja engañar y confía en el Sistema de Justicia, eso ya lo hemos visto a través de las resoluciones, sentencias del sistema de mayor riesgo.
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Luego que en la entrevista con La Hora, el juez Pablo Xitumul mencionará al extitular de Copredeh, Antonio Arenales Forno, debido a que según el togado, solicitaba al Sistema Interamericano el levantamiento de las medidas cautelares que poseía desde 2013, este vespertino intento comunicarse con el ahora embajador en Uruguay.
Sin embargo, su teléfono celular sonaba apagado, también se le envió un mensaje por medio de la red social de WhatsApp para solicitar su postura, pero al cierre de esta edición aún no había respondido.
Hace unas semanas el medio Plaza Pública reveló que Arenales en nombre del Estado de Guatemala argumentó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se convirtió en una “fiscalía paralela”, y sus investigaciones sobrepasaron el Acuerdo suscrito entre el Estado de Guatemala y la Organización para las Naciones Unidas (ONU), esto en una sesión a puerta cerrada realizada ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
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“Claro. Desde hace algún tiempo hemos observado interferencias, o intentos, de interferir en la función jurisdiccional, tanto internas como externas”.
“Hay personas que se identifican con determinados grupos que están siendo juzgados y reitero, la justicia es igual para todos, la justicia es universal”.
“La población ha despertado, la población no se deja engañar y confía en el Sistema de Justicia”.
Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “A”.
