Por Douglas Cuevas
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El 5 de octubre finalizó la última prórroga del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que a pesar de poner en la cuerda floja a indocumentados guatemaltecos en los Estados Unidos, no ha generado un plan de respuesta del gobierno, lo cual fue calificado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de irresponsable.
El portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, cuya titular es Sandra Jovel, muestra en su mayoría encabezados de fotografías de reuniones de la reciente ministra, quedando por un lado el futuro incierto de los guatemaltecos que siendo niños se vieron obligados a dejar Guatemala y buscaron en una cultura ajena las oportunidades para trabajar o estudiar que su propio país no les pudo dar.
Todo apunta que el gobierno vuelve a quedar en deuda con la comunidad migrante, según las recientes declaraciones del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien considera que desde el anuncio del gobierno del presidente Donald Trump, la Cancillería no ha hecho ni siquiera un pronunciamiento contundente de respaldo para aquellos que podrían ser deportados.
“Es una actitud irresponsable, poco solidaria con los migrantes que únicamente se les ve como números fríos, como remesas que sostienen en gran parte la economía del país. Tenemos que pasar de discurso a la ocupación con temas como estos” afirmó el Procurador.
Rodas señaló que estará buscando un acercamiento con las autoridades de la Cancillería para que pongan en marcha acciones de respaldo para los indocumentados que no pudieron tramitar el DACA, que según las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos, a criterio de sectores sociales, son un sinónimo de deportación.
Según el PDH buscan “exhortar al gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que solicite tal prórroga y sobre todo a implementar una estrategia para que nuestros connacionales, en este caso son aproximadamente 20 mil jóvenes guatemaltecos los que se verían damnificados con esta implementación del DACA, a que se sientan apoyados por el gobierno y no desamparados”.
Añadió que “hay otros Estados que están tomando ya medidas y Guatemala no puede permanecer sin pronunciamiento alguno, debemos de ser solidarios y es nuestra responsabilidad como Estado”, manifestó.
¿QUÉ ES EL DACA?
El DACA es un permiso que garantizaba a migrantes poder estudiar, trabajar y optar incluso a licencias de conducir y número de seguro social por un periodo de dos años, el cual podía ser renovado, pero las políticas del nuevo gobierno encabezado por el empresario Donald Trump anularon el programa que impulsó en 2012 el entonces presidente Barack Obama.
Son cerca de 800 mil los jóvenes que se encuentran bajo la agonizante protección del DACA, que fue renovado por última vez esta semana y que pone en angustias a aquellas familias en las que algunos de sus miembros no pudieron obtener el permiso a tiempo.
Como señaló el PDH, se desconoce de qué manera el gobierno de Guatemala podría ayudar a los connacionales que podrían ser deportados al no existir una postura contundente o plan de contingencia de las autoridades de nuestro país.
