Ximena Enríquez
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Las reformas a la ley de bancos que se discuten hoy en el Congreso podrían impedir que la historia de Bancafé se repita. Sin embargo, no cuenta con el apoyo político ni el respaldo social necesario, y tanto dentro como fuera del Palacio Legislativo se cuestiona si es la medida más apropiada para el país.
“Mi corazón está en Guate y con Guate, pero no en Pavón”, confesó Ingo Haberland en una carta en septiembre de 2002. El mensaje, redactado a máquina por uno de los fundadores de Banco del Café, iba dirigido a Manuel Eduardo González Castillo, el hombre al que consideraba su hijo y quien recién había dejado la presidencia del banco. Este socio estaba preocupado.
El escrito estaba lleno de advertencias (o confesiones) que, como profecías, se harían realidad cuatro años más tarde cuando la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Junta Monetaria (JM) decidieron cerrar Bancafé.
Haberland previó que esto sucedería. Supo que si esto se concretaba, él se fugaría “dejando todo” para no pasar el resto de su vida en la cárcel, como le sucedió a su socio fundador Eduardo González Rivera. Y así lo hizo. Pocos días después de la suspensión en 2006, Haberland se marchó hacia su natal Alemania donde murió cuatro años después, en 2010. González Rivera falleció en Guatemala en 2014, tras dos años de prisión en el Preventivo de zona 18 y uno en un hospital privado.
“La advertencia de KPMG fue seria y final”, decía en la primera línea. “Difícilmente firmen el balance de 2002 si no ven mejoría sustancial y voluntad de bajar gastos y reorganización del GFP (Grupo Financiero del País)”. Desde que Manuel Eduardo González dejó Bancafé para dedicarse a su carrera política en la Gran Alianza Nacional (Gana), los socios entraron en pánico. No existía un sucesor natural para el puesto y la entidad ya estaba en graves problemas financieros.
Haberland mantenía copia de toda su correspondencia y momentos después de la suspensión del banco, tomó el documento y anotó al pie del mismo, a mano, “4 años más tarde se realiza mi preocupación. El colmo de males previsibles”. Esta carta llegó a tribunales en manos de la abogada Lea de León. La presentó como una de las pruebas de defensa de su cliente Juan Eladio Campos Moraga, el representante legal de Bancafé International Bank (BIB). Sin embargo, De León jamás pudo argumentar su utilidad en la defensa porque a los pocos días de presentarla, fue asesinada.
Once años después de su cierre, Bancafé ha quedado casi en el olvido -salvo porque el proceso sigue abierto y 3 mil 300 clientes de BIB esperan la devolución de su dinero. Pero cada vez que una investigación a cargo del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) menciona el nombre de un banco del sistema, el fantasma de Bancafé reaparece.
Ahora, un grupo de expertos promueve reformar, por tercera vez, la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Creen que si se colocan bien los clavos, se evitará que ese espíritu chocarrero recorra las calles cuando quiera.
RESPONSABILIDAD ILIMITADA
“Con las nuevas leyes de responsabilidad de los consejos de administración de los bancos y grupos financieros ¡no nos salvamos nadie!”, advertía Haberland en su carta el 15 de septiembre de 2002. Ese año, en mayo, el Congreso aprobó el decreto 19-2002 que introdujo estándares internacionales y buenas prácticas al sistema, los cuales obligaron a Bancafé y al resto de bancos del sistema a registrar todas sus entidades financieras. El fin era que la SIB pudiera tener el control y vigilar todas las transacciones monetarias que llevaran a cabo.
Quince años más tarde, los diputados analizan la reforma presentada por el Ejecutivo. La propuesta proporciona armas a la SIB para monitorear y prever las operaciones riesgosas de las entidades financieras. Además, genera un mecanismo de rescate que busca expulsar a los accionistas y directivos irresponsables, inyectarle capital a los bancos y resguardar los depósitos de los clientes.
Si estas reformas hubieran existido en 2006, la JM habría retirado a los Haberland, González y Soto de la directiva de Bancafé, y tomado el control del banco. Una vez corregido el rumbo -y los socios en la calle-, el Banco de Guatemala (Banguat) recuperaría su inversión al venderlo al mejor postor en un plazo no mayor de tres años. Pero como eso no sucedió, hoy 3 mil 300 clientes estafados por Bancafé International Bank (MP) reclaman US$100 millones y Willy Zapata, el superintendente de entonces, sigue sin dar explicaciones al MP ni a los juzgados.
UNA REFORMA POLÉMICA
El 12 de julio pasado una moción privilegiada introdujo la tercera generación de reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros al pleno del Congreso. El Gobierno del presidente Jimmy Morales la presentó diez meses antes como una de las tres reformas necesarias para modernizar y fortalecer la institucionalidad del Estado. Las otras dos se referían a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). (Ninguna de las tres ha tenido avances substanciales).
Pero esa tarde de julio, la propuesta bancaria apareció de forma inusitada en manos de la diputada María Eugenia Tabush, presidenta de la Comisión de Economía y miembro del partido Visión con Valores (ViVa), y los diputados como robots la aprobaron en primera lectura. Tras el acto, el debate y la polémica de qué decía y por qué se había aprobado surgieron. Las posturas a favor y en contra del documento, brotaron.
El rescate bancario ha sido el tema más mediático de la propuesta, sin embargo, tiene otros contenidos. “La idea es ampliar las capacidades a la supervisión bancaria y a la autoridad monetaria para prevenir cualquier problema, y estar vigilantes a los riesgos de los bancos”, explica Mario García Lara, exvicepresidente del Banguat y actual director de la Fundación 2020.
La reforma busca crear nuevos mecanismos para verificar los nexos o vínculos que puede tener un individuo o una entidad con otros. La idea es que a través de un mayor requerimiento de información y el cruce de la misma, la SIB pueda determinar si una persona que solicita un crédito en un banco tiene deudas que no ha pagado en otro o saber si está asociada con alguna otra empresa que esté quebrada o endeudada. También permitirá mapear a todos los clientes.
Si estos mecanismos hubieran estado vigentes en los días de Bancafé, la SIB no tendría excusa para afirmar que desconocía la existencia de las más de diez empresas vinculadas con el banco que recibieron créditos entre sí y que luego no pagaron.
“En noviembre debemos informar a la Super (SIB) qué empresas formaron parte global del GFP”, decía Haberland en su carta. “No hemos desvinculado otras empresas como Vipasa International / Inceisa / Segepasa y más importante todavía el plan para financiar el déficit de ellas con razones sólidas y creíbles”. Años después, el MP llegaría a comprender que estas empresas vinculadas eran las que albergaban las deudas escondidas de Bancafé que terminaron por hundirlo.
“El negocio del banquero es de riesgos”, asegura García Lara, “La reforma no busca eliminar esos riesgos, porque eso es imposible, sino que los bancos estén bien enterados de la salud financiera de sus clientes”. Para ello, cada entidad requerirá de más información a cualquiera que solicite un crédito y le requerirá lo mismo a quienes ya tienen uno vigente. Esta técnica de mapeo no es novedosa. García Lara explica que se convirtió en una práctica estándar a nivel internacional tras la crisis financiera de 2008.
Lo que la reforma no incluye es una forma de transparentar el trabajo de la SIB. La Superintendencia vigila a los bancos pero, ¿quién vigila a las autoridades? Es casi imposible hacerlo. Ni los propios diputados logran sacar mayor información de ellos porque se excusan en leyes de confidencialidad. Así como es importante que las entidades bancarias conozcan la salud financiera de sus clientes, ¿cómo conocerán estos la salud financiera de los bancos? Las autoridades pretenden que los cuentahabientes confíen ciegamente en ellos.
Otro punto que busca la reforma es que los depósitos y créditos de un conglomerado o de varias entidades vinculadas no se concentren en una sola entidad, con el fin de disminuir el riesgo para esta. Si un grupo empresarial tiene grandes pérdidas, al menos se podrá asegurar de tener fondos en otros bancos o las pérdidas no afectarán a uno solo.
La propuesta no solo da herramientas para mapeo y vigilancia sino que agrega instrumentos para actuar. En caso de que se detecte una inversión riesgosa, la SIB podrá ordenar que el banco aumente sus reservas de capital y exista un colchón más grande por si las cosas salen mal. Actualmente la ley faculta a la SIB pedir reservas del 10 por ciento, pero con la reforma, en algunos casos podrían llegar hasta el 50 por ciento.
En el caso de Bancafé, la SIB supo desde 2005 que la entidad tenía una inversión de alto riesgo por US$200 millones en Refco, una bróker internacional. Las autoridades tan solo pidieron la reserva del 10 por ciento, por lo que el golpe fue mayor. Y son los clientes de BIB quienes hoy sufren las consecuencias.
La iniciativa también contempla el rescate a los bancos. La polémica comienza desde quienes se oponen a que se le llame rescate hasta quienes señalan que esta es una ley creada para favorecer a banqueros.
La reforma plantea dos caminos. El primero es que si un banco tiene un problema de liquidez, la banca central pueda darle un préstamo. Esta medida ya existe, pero la reforma busca aumentar el monto. Lizardo Sosa, expresidente del Banguat (2001-2006) y uno de los cerebros detrás de la ley de banco original, cuenta que en 2002 cuando se aprobó la ley no lograron convencer a los diputados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de aumentar esta cifra. Hoy la califica como una falencia del decreto original.
La segunda vía es que si al banco le sucede un “hecho extraordinario” que pone en riesgo sus operaciones o su credibilidad, el Banguat puede adquirirlo y administrarlo durante tres años. El diputado y economista Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, cuestiona ese término. Él querría que se detallara cuáles son esos casos especiales.
El ejemplo que tanto García Lara como el superintendente José Alejandro Arévalo utilizan para ilustrarlo es el del Banco Continental, en Honduras. En 2015 su fundador Jaime Rosenthal, su hijo Yani y su sobrino Yankel fueron acusados de narcotráfico en Estados Unidos. Eso provocó el cierre y la liquidación forzosa de la entidad. La salud del banco era buena, pero ese “hecho extraordinario” y ajeno a sus operaciones obligó su cierre.
Los expertos advierten que esta reforma evitaría un hecho similar en Guatemala. Si uno o varios de los accionistas de un grupo financiero fueran vinculados con el crimen organizado o a un ilícito, la JM podría despojarlos a todos de sus acciones, tomar el control y más adelante venderla para resguardar los depósitos de sus clientes. Y la reforma es clara: los socios originales, sus parientes y sus empresas no tendrán posibilidad de volver a comprarla, ellos quedan vedados de su propiedad para siempre.
A Lira le genera suspicacia la discrecionalidad de la medida. Cuestiona cuáles son los casos especiales en los que el Banguat otorgará préstamos para capitalizar una entidad, y a qué tasa de interés los entregarán. “No sería correcto rescatar bancos que hicieron inversiones riesgosas e irresponsables, como cuando muchos perdieron dinero en la bolsa rusa en los años 90. Eso no fue un suceso extraordinario sino es una inversión de alto riesgo fracasada”, afirma el diputado.
Uno de los fines del rescate o intervención es evitar una corrida o un problema en el sistema completo. Y tras tres años de administrarlo, el Banguat le buscará nuevos dueños, ya sean locales o extranjeros. Con esto se busca procurar una transición pacífica, sin problemas financieros para los depositantes ni para el sistema.
“La reforma en general es buena. No es una iniciativa que busque regalarle dinero a los bancos que tengan problemas”, asegura Leonel Lira. El congresista explica que la ley proveería una salida técnica que evitaría que el Estado deba responsabilizarse por malos manejos de accionistas (como sucedió en Bancafé).
CONFLICTO DE INTERÉS
Un punto que hace hincapié Lira es en el conflicto de interés que existe por la forma en la que se integra la Junta Monetaria. Está conformada por: el presidente del Banguat; los ministros de Finanzas, Economía y Agricultura; un miembro electo por el Congreso; otro por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura; otro por los consejos de administración de los bancos; y el último por la Universidad de San Carlos.
La participación en la JM es evidentemente sectorial y los banqueros tienen mucha influencia. Al igual que en el resto de gremios, los funcionarios de la JM se rotan y así como un día uno de ellos puede estar del lado de los reguladores, otro día puede trabajar dentro de un banco y viceversa. Hay poca independencia en sus funciones.
El problema es que modificar su integración resulta casi imposible ya que esto está definido en la Constitución, y para cambiarlo sería necesaria una reforma a la Carta Magna.
“La SIB hoy tiene dientes de goma y esta ley le daría dientes de plástico. Sin embargo, no me arriesgaría a aprobar algo técnico que podría prestarse a discrecionalidad de las autoridades”, concluye Lira. Para el congresista es indispensable que se detalle los casos especiales y a qué tasa prestará dinero la banca central.
UN MP NOVATO
En abril de 2009 la Unidad de Delitos contra Bancos dentro de la Fiscalía de Crimen Organizado recibió un caso como nunca había visto: una estafa bancaria de alto nivel con operaciones internacionales complejas. Mapear transacciones en varios países, trazar triangulación de fondos, descubrir qué empresas ayudaron a crear la estructura y determinar responsabilidades penales fue un reto inmenso para esta fiscalía.
Esta unidad se creó a finales de los años 90 en un momento en el que los bancos eran víctimas de frecuentes asaltos exprés. Se colocó dentro de la Fiscalía de Crimen Organizado porque se trataba de un delito que implicaba un ataque en contra de una institución. El mismo fiscal que investigaba asaltos a supermercados y salones de belleza, podía investigar atracos a bancos. No necesitaba de conocimientos financieros para determinar cómo se había llevado a cabo el asalto.
“Recuerdo perfectamente el día que recibí el caso Bancafé”, cuenta Saúl Sánchez, el fiscal que ha encabezado la investigación. “Era el 4 de agosto de 2009, el día de mi cumpleaños. Al recibirlo me dijeron que era mi responsabilidad resolverlo. Pero yo no sabía nada de delitos financieros”, confiesa Sánchez.
El fiscal reacciona a la defensiva cuando se le cuestiona por la tecnificación de su unidad. “Nos hemos capacitado, por supuesto que tenemos la capacidad para investigar este caso”, asegura. Pero quizá esa preparación no ha sido lo suficientemente rápida. Hoy, sus oficinas están inundadas de decenas de casos que investigan varios bancos del sistema. Los folders con los nombres de las instituciones sobresalen por doquier, tanto de entidades que ya no existen, como de otros que siguen operando con normalidad.
Antes de llegar aquí, Sánchez era auxiliar en la fiscalía de robo de vehículos. Se trasladó a delitos contra bancos en 2009 y asumió la jefatura en 2010. Durante los siguientes seis años su jefe fue Rony López, encargado de la fiscalía de Crimen Organizado. Sin embargo, en noviembre de 2016, las oficinas de López fueron allanadas como parte de la investigación de un caso de despojo de propiedades que involucra a familiares del diputado oficialista Armando Melgar Padilla. A principios de diciembre renunció bajo argumentos de quebrantos de salud.
“Creo que lo único en lo que hemos estado de acuerdo Alfonso Carrillo y yo en todos estos años es que este caso requiere de una fiscalía independiente y especializada”, afirma Eduardo González, expresidente de Bancafé, hoy preso por este caso. Carrillo encabeza el bufete Carrillo y Asociados el cual investigó y presentó las denuncias en contra de los exfuncionarios del banco y de las autoridades bancarias del momento.
Tener a una fiscalía especializada en delitos bancarios no evitará que se vuelva a dar otro fraude como el de Bancafé, pero sin duda permitiría que su investigación y persecución penal sea de alto nivel.
“Fueron más de ocho años tuyos como líder -por el amor de Dios y de todos nosotros- organízate este GFP de nuevo para llevarlo felizmente a los 25 años de vida como ya lo estamos anunciando”, suplicaba Haberland a González en su carta. El Grupo Financiero del país llegó a vivir 28 años, pero su final fue trágico y estrepitoso.
Cada cierto tiempo el fantasma de Bancafé asusta a Willy Zapata, el superintendente de entonces. Los economistas afines a la banca central saben que si colocan bien los clavos con estas reformas a la ley de Bancos y Grupos Financieros, el espíritu chocarrero tendría problemas para salir.
