Marvin S. Otzoy
[email protected]
El Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte fue creado para los países de Guatemala, El Salvador y Honduras como una consecuencia de la crisis migratoria ocasionada por los menores no acompañados que en 2014 ingresaban a Estados Unidos. Su objetivo fue reducir precisamente esa migración en base a programas de desarrollo, creando oportunidades económicas locales, basándose en dinamizar el sector productivo, desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y el fortalecimiento de las instituciones. A cargo del Programa Nacional de Competitividad de Guatemala quedó el diseño y elaboración de proyectos de desarrollo, cuyo éxito debiera ser medido con la evaluación de resultados correspondientes. Todo este andamiaje bonito en su estructuración tiene un elemento básico ausente. Y es que figurativamente hablando pareciera que en la sala de operaciones de un hospital están ya todos los médicos y equipo necesario muy listos para la cirugía… pero el enfermo no está. Entonces ¿qué cirugía van a practicar? Así mismo en el Plan Alianza para la Prosperidad esa estructuración ordenadamente descrita al inicio de este artículo tiene un elemento básico e imprescindible que está ausente: el migrante, quien es alma, esencia y razón de ser de dicho Plan. Al igual que un médico no puede recetar a un paciente con quien nunca se ha entrevistado para diagnosticar el mal, en el Plan Alianza no se puede hablar de mitigar las migraciones si los migrantes no están sentados a la mesa de diálogo proponiendo e implementando soluciones. Así de simple.
El sentido común indica que éxodos migratorios extraordinarios, tal el caso reciente de la Caravana de hondureños, en donde dicho sea de paso venían mezcladas varias nacionalidades, suena a un estrepitoso y ruidoso rotundo fracaso para los gobernantes de turno en estos tres países centroamericanos quienes han sido incapaces de elevar el nivel de vida mínimo (por lo menos) para mitigar las emigraciones. Esto empeora más la situación del Plan Alianza con el fallecimiento de menores que ingresan con un avanzado estado de salud delicado, ya que los protocolos del cuidado en la custodia de personas detenidas en la frontera por parte de las autoridades norteamericanas necesita una revisión inmediata, así como implementación de renovados protocolos. Sin duda alguna que ello traerá consigo consecuencias de tener requisitos de aceptación más estrictos. No deseo precisamente lapidar a las instituciones encargadas del tema migratorio tanto privadas como públicas, así como no gubernamentales, pero evidentemente hay cosas que no se están haciendo bien. Y para ajustar las penas, otro de los ejes básicos del Plan, como lo es el mejoramiento de la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, este último está siendo objeto de cuestionamientos y blanco de acciones que retroceden rotundamente su independencia.
En el fracaso de la implementación del Plan Alianza es muy cómodo buscar culpables, es una manera de huir de la responsabilidad. Si en algo se quiere rescatar el Plan hay que replantear las soluciones. Y como segmento importante de la nación también la diáspora no se debe quedar cómoda siendo espectador únicamente. Es necesario el involucramiento y la participación de una u otra manera.
