Lic. José Antonio Guardado Martínez
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Todo en la vida se maneja por medio de niveles o grados, y en Guatemala la magnitud de la corrupción en el sector público ha tenido al menos un camino libre, pero la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha frenado un poco dicha carrera al tratar de llegar a fondo con sus orígenes y que al tocar al actual gobierno por el lado de la familia presidencial “Morales y Socios” se complica causando o dejando al descubierto la impunidad, porque a las autoridades encargadas de aplicar justicia con el hijo del Presidente les tembló la mano o el pulso y la investigación fue frenada mediante presión psicológica por la investidura del actual mandatario.
Al grado que Jimmy Morales ha enfilado armas contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) declarando NO GRATO al principal funcionario Iván Velásquez, ganándose el repudio nacional como también de la comunidad internacional y más que todo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por hoy en Guatemala se enfrentan ciertas instituciones que en estos días se rasgan las vestiduras a favor y en contra de la corrupción e impunidad y que aún sigue enquistada en el estado o sea en todas las esferas públicas.
En el estado o República de Guatemala continúa la corrupción como un mecanismo y una norma TÁCITA en la gestión de la política pública.
O sea que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha dejado al descubierto la corrupción en todos los organismos del gobierno por haber logrado enviar a la cárcel a una dupla o fórmula presidencial que además de hacerse del ojo pacho o de los panes fueron participantes o dirigentes de grupos que a escondidas o a espaldas del pueblo lideraban llámese Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti; presidente y vicepresidenta, respectivamente. Por hoy Guatemala acompaña a Honduras, Nicaragua y El Salvador con el calificativo de ser países donde más se fomenta la corrupción y narcotráfico gozando de impunidad por la misma podredumbre que sigue siendo difícil de extirpar y sin poder acabar con estos males de raíz.
La élite de la corrupción implica o llega a poner en práctica el uso mediante posiciones favorecidas por parte de los privilegiados que descaradamente saquean los recursos destinados a la inversión social. Por eso cada día o en cada año se sigue dando larga o excusas para no invertir en temas de salud, educación, seguridad y no se vislumbra el diseño de la política migratoria por falta de recursos. Pero vean cuántos millones de quetzales danzan o llegan a diario a bolsillos ocultos, que si se invirtiera en la sociedad más vulnerable no existiera tanta miseria en Guatemala y los demás países es tema a resolver por ellos mismos.
El señor Procurador de los Derechos Humanos lo ha dicho, que si no hay suficientes recursos el funcionamiento de la institución que él dirige no va a dar resultados en un cien por ciento. Por lo consiguiente se frena la inversión social afectando diferentes políticas que deben construirse o diseñarse a favor del pueblo guatemalteco y migrantes.
Y como siempre quedando sólo el nombre con burócratas que dirán representar al “Instituto Guatemalteco de Migración” que menciona el Código de Migración aprobado por Decreto Número 44-2006.
