Por Margarita Girón
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recientemente emitió un comunicado en el que expresa su preocupación ante la situación de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que integran una caravana con rumbo a México y Estados Unidos.
A través de la publicación, la CIDH insta a los Estados de Honduras y Guatemala a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que integran la caravana, incluyendo el derecho a salir de cualquier territorio, a buscar y recibir asilo y a la no devolución.
TRAS NUEVAS CARAVANAS
Luego que se conociera que durante el mes de enero de 2019 empezó a conformarse una nueva caravana de migrantes en San Pedro Sula, Honduras, rumbo a México y Estados Unidos, la CIDH señala que los migrantes han enfrentado obstáculos durante su trayecto.
De acuerdo con la información recibida por la CIDH, los migrantes enfrentaron diversos obstáculos para salir de su país, tales como el establecimiento de al menos siete retenes, bloqueos con vallas humanas formadas por agentes de diferentes cuerpos de seguridad, y filtros implementados por la policía que solicitaba documentos de identidad en el punto fronterizo.
“Se registró el uso de la fuerza por parte de la policía de Honduras, quienes habrían lanzado gases lacrimógenos hacia la caravana hiriendo a varias personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes”, se lee en el comunicado.
Además, aclaran que esto habría ocurrido en el marco de una fuerte campaña por parte de medios de comunicación con la intención de disuadir a las personas de migrar.
El pronunciamiento señala que como consecuencia, muchas personas, incluyendo familias y niños y niñas, decidieron evitar cruces regulares utilizando rutas más peligrosas por puntos ciegos.
“La CIDH recuerda al Estado hondureño que cualquier persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive el propio, en términos del artículo 22.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, la imposibilidad de salir de su país también puede implicar una restricción al derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 de la Convención Americana”, recalcan.
Asimismo, refieren que en la frontera del lado de Guatemala, la Comisión recibió información relativa al uso de la fuerza por parte de autoridades guatemaltecas, así como el uso de una barrera de policías antimotines con toletes, balas de goma y armas, que daban únicamente el paso a mujeres con niñas y niños.
De acuerdo con la CIDH, el uso de la fuerza en operativos migratorios se debe utilizar únicamente en observancia a los principios de finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad; y que las personas migrantes no representan una amenaza a la seguridad nacional.
En el comunicado, la Comisión insta al Estado guatemalteco a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, incluyendo el derecho a buscar y recibir asilo, el derecho a la no devolución, así como a abstenerse de recurrir al uso de la fuerza como respuesta ante la llegada de movimientos migratorios masivos.
MIGRACIÓN CONSTITUYE UN DESAFÍO PARA LA REGIÓN DEL TRIÁNGULO NORTE
De acuerdo con la CIDH, desde hace varios años, la Comisión ha sostenido que la migración forzada de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala es uno de los principales desafíos de derechos humanos de la región.
Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de solicitantes de asilo procedentes de estos tres países aumentó en forma significativa en los últimos cinco años: 439 por ciento aumentó el número de personas que tienen solicitudes de asilo pendientes de resolución, mientras que a un 150 por ciento se elevó el número de personas a las que ya les fue otorgado.
“Hoy más que nunca tenemos que recordar que migrar no es un delito. Los movimientos migratorios masivos que venimos observando desde hace varios años son un reflejo de la situación de violencia generalizada, discriminación, pobreza y desigualdad que enfrentan las personas en mayor situación de exclusión en los países del Triángulo Norte”, señala el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH.
Finalmente, la Comisión insta a los Estados a abstenerse de criminalizar la migración, garantizar el respeto de la integridad y la dignidad de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, permitir la salida de las personas de su territorio, y a garantizar el derecho a buscar y recibir asilo.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, entre el 15 y 30 de enero de 2019, pequeños grupos de migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos llegaron a la frontera de Tecún Umán, alcanzando un total de unas 12 mil 600 personas que cruzaron fronteras.
En México, el 28 de enero, el Gobierno anunció que el registro bajo el programa piloto que otorgaba Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias finalizaría, y se les seguirá entregando las tarjetas a quienes se hayan registrado mientras que futuras aplicaciones serán recibidas posteriormente en los países de origen.
El Diario La Hora consultó al Departamento de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), sobre los señalamientos descritos en el comunicado y Alejandra Mena, vocera de esa institución, dijo que el IGM elaboró un plan de actuación ante eventos masivos de Migración irregular, el mismo tiene como principio la protección de la niñez y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas; considerando que migrar es un derecho universal.
“No se han expulsado a personas que integran estas caravanas de hecho a las personas que deciden abandonar el trayecto se les apoya con un retorno voluntario”, afirmó Mena.
