Por Redacción La Hora
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Un nuevo hecho de violencia que involucra a hospitales del sistema de salud pública cobró la vida de siete personas el pasado 16 de agosto. El tiroteo, perpetrado por pandilleros, según la Policía Nacional Civil (PNC), tenía como fin liberar a un peligroso reo que iba a practicarse estudios de hematología. Analistas señalaron que la responsabilidad de hechos de violencia como este recae en el Estado e indicaron que el ataque se trató de “una tragedia anunciada”.
Siete muertos y 12 heridos fue el saldo preliminar de la balacera originada en el Hospital Roosevelt la mañana del miércoles 16 de agosto. Después de lo ocurrido, las autoridades del Organismo Ejecutivo anunciaron las primeras medidas para evitar estos hechos.
Mientras que analistas consultados por La Hora consideran que hay responsabilidad del Estado por este hecho que nuevamente enlutó a los hogares guatemaltecos y a las instituciones estatales.
RIVAS: EL SP HA SIDO ABANDONADO POR DÉCADAS
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, señaló que el SP es una dependencia que ha sido abandonada por décadas y que representaría un gran esfuerzo cambiarlo.
Rivas señaló que tienen enormes problemas y el hacinamiento es uno de ellos; más del 300 % de población en cárceles y más del 500 % de mujeres en las prisiones tradicionales. “No tenemos infraestructura suficiente para poder recluir a cada una de estas personas”, expresó el Ministro.
Agregó que establecimientos que alguna vez fueron destinados para clínicas o centros de salud a lo interior están siendo ocupados por privados de libertad.
Por otro lado, indicó que hay órdenes de jueces de trasladar a reclusos de alta peligrosidad a centros asistenciales privados y públicos, “donde nos ponemos en riesgo todos”. “Los muertos los ponemos nosotros”, dijo en referencia a la muerte de guardias de la PNC y del Sistema Penitenciario, como ocurrió en esta ocasión.
Rivas afirmó que solicitan a los jueces que antes de ordenar un traslado soliciten una opinión al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
RESPONSABILIDAD ESTATAL
Analistas consideran que existe una gran responsabilidad del Estado por el atentado más reciente en un hospital público, debido a que se demuestra la creciente debilidad que hay en las instituciones públicas, además de una gran vulnerabilidad en los hospitales nacionales.
Jorge Santos, de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), se solidarizó con los familiares de las víctimas del atentado de hoy, y aseguró que esto demuestra que existe una debilidad en las instituciones públicas.
“El Estado guatemalteco nuevamente nos vuelve a dejar entrever la profunda debilidad en la que se encuentra la institucionalidad pública, esto se ha venido abordando desde diversas perspectivas y al parecer el Estado no es capaz de garantizar ni el bien común, ni mucho menos la seguridad y la integridad física de los ciudadanos”, dijo Santos.
Santos señaló al SP de ser permisivo con estas situaciones debido a que existe una falta de control en los centros carcelarios del país.
Para el entrevistado, el problema no es que un privado de libertad asista a un hospital público para ser atendido, sino que no existen las garantías mínimas para poder controlar a los grupos delincuenciales en Guatemala.
PDH DICE QUE FUE UNA TRAGEDIA ANUNCIADA
Al ser consultada, Zulma Calderón, supervisora de hospitales de la PDH, dijo que esta fue una tragedia anunciada, ya que habían realizado varias recomendaciones ante la debilidad que existe en el tema de la seguridad en los hospitales públicos.
Ante este hecho de violencia, Calderón mencionó que no es la primera vez que se da un caso similar y mencionó lo ocurrido hace unos años en el Hospital General San Juan de Dios, cuando se detonó una granada en la Consulta Externa de ese nosocomio.
Calderón expresó que es “indignante” que no se haga uso de clínicas especiales para atender a los privados de libertad, y que estas únicamente fueron un foco de corrupción.
UN PROBLEMA QUE PERSISTE
Este hecho no es el primero que ocurre en centros asistenciales. Anteriormente se han reportado balaceras que han dejado varias personas muertas.
El 26 de agosto del año pasado, cuatro personas murieron tras un atentado a inmediaciones de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC), ubicada en la 9ª. avenida 3-40 de la zona 1 capitalina, por el ataque a un reo.
El 10 de marzo de 2015 otro hecho de violencia se registró en el Hospital San Juan de Dios y provocó la muerte de cuatro personas. El incidente estuvo relacionado por represalias de reos del Sector 11, contra Presidios por suspender las visitas y encomiendas.
