Las reformas constitucionales al Sector Justicia propuestas en 2016 tenían una finalidad: generar un Sistema de Justicia independiente y con capacidad para autogobernarse sin ningún tipo de injerencia. Sin embargo, al no haberse concretado los cambios necesarios, nada garantiza que el actuar de los tribunales de justicia se continúe contaminando por las presiones existentes de sectores de poder, de igual forma la elección de las altas autoridades judiciales, afirman expertos consultados.
POR REDACCIÓN LA HORA
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Hace tres años, aún con la noción ocasionada por los casos de alto impacto descubiertos por los entes investigadores en 2015, relacionados a corrupción a los más elevados niveles políticos, los tres poderes del Estado junto con organizaciones de la sociedad civil propusieron hacer reformas profundas al Sector Justicia. Para ello se conformó una Secretaría Técnica integrada por el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala.
En ese entonces las reformas fueron propuestas e impulsadas, en gran parte, por el propio presidente Jimmy Morales, quien ganó la elección presidencial marcada por un rechazo a la vieja política, además, aún no se revelaba una investigación que vincularía a su hijo y hermano en una posible sustracción del erario.
“Las reformas constitucionales estaban orientadas a generar un Sistema de Justicia más independiente y con mayor capacidad de poderse gobernar”, explica Oswaldo Samayoa, consultor del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
Sin embargo, por falta de voluntad política, y utilizando como excusa varias de estas reformas, como la de los cambios a la carrera judicial y el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico, las mismas se engavetaron antes de ser sometidas a una consulta popular.
Esto fue puesto de conocimiento por parte del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en una carta que envió la semana pasada para aclarar “campañas de desprestigio” y “difamación” que desde el Ejecutivo se han dirigido contra la Comisión.
El fracaso de estas reformas tendrá impactos “fuertes” en el sistema judicial, afirma Samayoa, uno de esos es el hecho que sistema de selección de magistrados para Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se ha caracterizado por ser “poco transparente”, se mantiene.
Andy Javalois, consultor de la Fundación Myrna Mack, afirma que este sistema de elección de magistrados hace que la decisión para integrar las Cortes esté a cargo del Legislativo. Esto hace que la elección sea más de índole político y que no se privilegien los méritos profesionales y académicos de quienes se postulen.
“Al no haber ocurrido esa reforma, se da facilidad para que se extienda lo que se conoce como el tráfico de influencias”, asegura Javalois, y agrega que esto debilitará, inevitablemente, el sistema de Justicia.
La anterior conformación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones se realizó en 2014, bajo la sombra del conocido pacto entre los entonces candidatos perfilados a la Presidencia, Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón. En mayo el Congreso debe convocar a una nueva conformación de los titulares del poder judicial y el Instituto de la Defensa Pública Penal.
Por su parte, Lorena Escobar, coordinadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), asegura que el hecho de no procurar estas reformas con prontitud, las cuales buscan fortalecer en cuanto a su independencia al Poder Judicial, obligaría, en un futuro próximo, a buscar “mecanismos paliativos” para frenar la injerencia que, en el transcurso del tiempo, podrían ser ineficaces y el colapso del Sistema de Justicia sería inevitable.
Escobar considera que el Sistema de Justicia está en “riesgo de ser cooptado por grupos de personas” y, de ser cooptado, se verá comprometida su independencia, la cual es necesaria a la hora de aplicar justicia.
REFORMAS
Entre las principales reformas estaba la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la CSJ. Se buscaba modificar el artículo 209 de la Constitución para crear un Consejo Nacional de Justicia cuyas funciones serían conocer y aprobar la lista de postulados a magistrados a la CSJ y CC; resolver protestas de magistrados y jueces; las políticas judiciales, administrativas y financieras y las demás que establezca la ley.
Asimismo, se buscaba que tres cuartas partes de los magistrados de Cortes de Apelaciones, jueces de primera instancia y jueces de paz provinieran de la carrera judicial y un cuarto fueran abogados en ejercicio de la profesión.
En cuanto a la CSJ, se proponía reformar el artículo 214 de la Constitución para que nueve magistraturas fueran ocupadas por magistrados de Cortes de Apelaciones y Tribunales de igual categoría y otras cuatro magistraturas fueron ocupadas por abogados con más de quince años de experiencia. Serían electos por el Congreso de la República por nueve años, pudiendo ser reelectos una vez.
Asimismo, se propuso que, para la elección de magistrados de CSJ, el Consejo Nacional de Justicia presentara una nómina de postulados por el triple de candidatos y la elección final la haría el Congreso de la República.
También se modificaba la elección de Fiscal General. Se procuraba modificar el artículo 251 de la Constitución para el Congreso de la República nominara a dos personas y la CSJ propusiera a otras dos. El nombramiento final sería facultad de la Presidencia de la República.
En cuanto a la CC, se propuso que fueran el Consejo Nacional de Justicia, la Presidencia y el Congreso quienes eligieran a tres magistrados titulares cada tres años.
Otra de las reformas fue que se propuso fue que el antejuicio no fuera impedimento para iniciar una investigación.
También se proponía el reconocimiento del pluralismo jurídico para que las autoridades indígenas ejercieran funciones jurisdiccionales de acuerdo con sus procedimientos, instituciones y costumbres.
“Las reformas constitucionales estaban orientadas a generar un Sistema de Justicia más independiente y con mayor capacidad de poderse gobernar”
Oswaldo Samayoa, Centro de Estudios de Guatemala“Al no haber ocurrido esa reforma, se da facilidad para que se extienda lo que se conoce como el tráfico de influencias”
Andy Javalois, Fundación Myrna Mack
