Por Eder Juárez
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A sesenta y cinco días de que la Corte de Constitucionalidad otorgara un amparo provisional al abogado Alfonso Carrillo para que se permitiera el retorno al país del comisionado Iván Velásquez, analistas consultados por La Hora ven un claro incumplimiento del Gobierno de Jimmy Morales a la resolución de la Corte y por ende una vulneración al Estado de Derecho, al orden constitucional y también una estrategia para que unilateralmente ONU dé por terminada su cooperación con Guatemala.
Debido a la evidente desobediencia a lo ordenado por la CC a decir del excanciller, Gabriel Orellana, el Gobierno busca que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres declare unilateralmente el incumplimiento del acuerdo que le da vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De acuerdo con el excanciller Gabriel Orellana, el artículo 11 del convenio dice que solo el Secretario General de la ONU le podrá poner fin unilateralmente al convenio siempre y cuando constate que Guatemala no cumple. “Esto mismo (incumplimiento de lo ordenado por la CC) está evidenciando que el Gobierno está usando una táctica que quiere orillar al Secretario General de la ONU, a que declare el incumplimiento unilateral de Guatemala con este convenio para desligarse del mismo, -lo- que es un fraude contractual”.
Orellana indicó que se podría hablar de un fraude de ley en ese sentido, pero considera que hay algo más grave, “aquí hay un incumplimiento manifiesto y visible del Convenio. Un fraude es cuando todavía hay una apariencia de legalidad, pero aquí no lo hay, aquí hay una evidente intención de colocar al Secretario General en una postura en el que diga que con estos guatemaltecos ya no me quiero meter, ese es el objetivo del Ejecutivo”.
El exfuncionario agregó que el fraude de ley es menos burdo que la estrategia gubernamental, porque hay algo peor: “el incumplimiento ya no de la Ley, sino del artículo 149 de la Constitución, que dice que Guatemala rige su conducta internacional de acuerdo con las prácticas y normas internacionales, es decir que está en pleno incumplimiento del orden internacional y de la propia Constitución”, manifestó Orellana.
Según el Constitucionalista, en este caso no solo hay un fraude a la Constitución, sino a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el incumplimiento de la buena fe.
FALTA DE COOPERACIÓN CON ONU
Por su parte Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), también advirtió que el Gobierno de Guatemala empuja a que se aplique el artículo 11, para que Naciones Unidas considere una falta de cooperación del Estado de Guatemala.
Agregó que el Presidente se siente empoderado para tener una actitud suicida e ir en contra de Naciones Unidas como un kamikaze, pero consideró que no lo lograrán frente a un Secretario de la ONU, al cual Samayoa considera muy fuerte en su convicción de cooperar con estados que buscan el derecho a vivir libres de corrupción.
“Hay dos elementos externos a favor del Presidente, el primero es la confusión de Estados Unidos, por primera vez se ve débil en su política exterior, y la otra es que encuentra un Congreso plagado de personas señaladas de corrupción y otro tipo de delitos que busca o se identifica con el Presidente en el Pacto de Corruptos, alineado también el poder económico del país que están apoyando eso porque también están involucrados o por lo menos señalados de actos de corrupción”, señaló Samayoa.
CADENA: HAY UNA ABSOLUTA VIOLACIÓN AL ACUERDO DE CICIG
Mientras tanto, el abogado Ramón Cadena indicó que las Naciones Unidas se han mantenido firme y el mensaje que le ha dado al Presidente es para que recapacite de acciones que el jurista califica como una absoluta violación al acuerdo firmado entre el Gobierno y la ONU.
Para Cadena, el mandatario evidenció el incumplimiento de lo resuelto por la CC, al no realizar los pasos necesarios para que Iván Velásquez ingrese al país, “El Presidente debió de revocar la orden que dio de no dejar ingresar al Comisionado”, añadió.
Según Cadena, el país se encuentra frente a situaciones “muy muy especiales” porque cuando un Estado no responde ante la lucha contra la impunidad, hay un fraude a la administración de justicia, a la Ley; generando un vacío jurídico y consideró que estamos ante un golpe de Estado técnico.
“Es el propio Estado que está cometiendo una acción en contra del Estado de Derecho, es una situación muy peculiar porque el que debería de responder en este caso es el MP y resulta que la Fiscal General no quiere hacerlo. Hay que recurrir a los mecanismos internacionales de protección, pero estamos esperando a ver qué es lo que hace la CC, pero por el momento estamos en un gran vacío porque las autoridades no actúan como debe de ser”, dijo el entrevistado.
MP DEBIÓ HABER ACTUADO DE OFICIO
El excanciller Orellana dijo que el Ministerio Público tiene como mandato constitucional velar por la recta aplicación de la ley y que ahora la gran pregunta es: ¿por qué no ha hecho nada?
“La recta aplicación de la Ley debe de ser para todos, pero si el MP lo que está haciendo es encubrir la conducta de un funcionario, entonces no se puede confiar en la institución que supuestamente es la base de la lucha contra la corrupción”, señaló Orellana.
“El MP por mandato constitucional debió de haber actuado de oficio, eso lo más trascendental de esto, el MP no debe esperar porque así vamos a regresar al siglo XIX”, dijo.
En varias ocasiones, la Fiscal General, María Consuelos Porras, ha respondido ante esos cuestionamientos, indicando que se mantienen vigilantes del respeto de la legislación, aunque también ha mencionado que a su entender el Comisionado puede ingresar al país cuando lo considere necesario debido a la claridad de la resolución de la CC.
Para Samayoa, es evidente que ya se ha consumado el rompimiento del orden constitucional, en el sentido de que el Ejecutivo está en contra de uno de los órganos de control político y jurídico del país.
Sin embargo, indicó que se debe fortalecer a la CC porque se está buscando debilitarla y la sociedad no puede abandonarla, porque de una u otra manera ha defendido el orden constitucional, interpreta correctamente la Constitución en sus principios y en sus garantías para mantener el Estado democrático.
Por último, el abogado Ramón Cadena consideró que la situación que se está viviendo es inaudita, sorprendente e inaceptable, porque en un Estado de Derecho todos los funcionarios públicos tienen que ser responsables de sus actos, “pero aquí estamos teniendo un retroceso inaceptable en el que otra vez los funcionarios del más alto nivel le estén dando el ejemplo de que la impunidad se puede llevar a cabo sin tener ninguna responsabilidad”, añadió.
“El Presidente está violando artículos básicos de la independencia de poderes, está violando el artículo 203 de la Constitución que establece que nadie puede afectar la independencia de jueces, está afectando el principio de legalidad, está cometiendo una serie de violaciones y lo que debería de hacer el MP es iniciar un proceso e iniciar la persecución penal en su contra”, manifestó el jurista.
Por su parte, Lorena Escobar de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) indicó que la orden de la CC se dirige a varios actores y está condicionada a varios hechos, uno es que si el Comisionado ingresa al país y no se acata la orden, ahí se estaría violando lo determinado por la Corte, consideró.
“Segundo es que se deben dirigir los oficios de parte del Ejecutivo para dejar sin efecto la orden hacía la Dirección General de Migración, ya que el acto crucial sería el ingreso del Comisionado al país. El Comisionado no ha ingresado porque tiene claro que se generaría una crisis política muy fuerte en el país, además, porque no hay voluntad con claridad de que permanezca en Guatemala, pone en riesgo su vida y de otros guatemaltecos que creen él y en la Comisión y el riesgo para el personal de la CICIG”, explicó.
Escobar señaló la actitud de los funcionarios frente a la resolución de la Corte, “podrá uno no estar de acuerdo siempre con las resoluciones que emite la Corte, pero no se discuten, se acatan y esa es parte de la naturaleza del Estado de Derecho, mantener un orden y sobre todo de una orden del tribunal Constitucional, de lo contrario qué se puede esperar”.
Asimismo, indicó que con esto los funcionarios están mostrando una falta de respeto hacia el orden constitucional y al orden establecido.
[recuadro]¿QUÉ DICE EL ARTÍCULO 11 DEL ACUERDO DE CICIG?
Artículo 11. Retiro de la cooperación. La Organización de Naciones Unidas se reserva el derecho de determinar su cooperación con el Estado:
(a) Si el Estado deja de cooperar plenamente con la CICIG de una manera que obstaculice sus actividades;
(b) Si el Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los Aparatos Clandestinos de Seguridad y Cuerpos Ilegales de Seguridad, en el período de mandato de la CICIG; y/o
(c) Por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional.
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“Es el propio Estado que está cometiendo una acción en contra del Estado de Derecho, es una situación muy peculiar porque el que debería de responder en este caso es el MP y resulta que la Fiscal General no quiere hacerlo”.
Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas en Centroamérica“Podrá uno no estar de acuerdo siempre con las resoluciones que emite la Corte, pero no se discuten se acatan y esa es parte de la naturaleza del Estado de Derecho, mantener un orden y sobre todo de una orden del tribunal Constitucional, de lo contrario qué se puede esperar”.
Lorena Escobar, Asies“El Gobierno está usando una táctica que quiere orillar al Secretario General de la ONU, a que declare el incumplimiento unilateral de Guatemala con este convenio para desligarse del mismo”.
Gabriel Orellana, excanciller
