POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
[email protected]
La cantidad de personas que mueren en prisión preventiva, es decir, enfrentando una acusación sin que se dilucide si son culpables o no, va en aumento en las últimas dos décadas. El fenómeno, aseguran expertos en el tema, está vinculado a diversas causas, entre las cuales figura el deterioro de las instalaciones penitenciarias, el aumento de la población reclusa a lo largo de los años y la larga duración de los procesos penales.
Según estadísticas del Sistema Penitenciario, entre el 1 de enero pasado hasta el 24 de octubre, han fallecido 56 personas en prisión preventiva. 29 de estas personas, un poco más de la mitad, eran auxiliadas legalmente por el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), lo que quiere decir que tenían un perfil económico bajo.
Este fenómeno podría estar relacionado con el deterioro en las instalaciones del Sistema Penitenciario, afirma Edgar Celada, consultor del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).
“Lo fundamental es el deterioro general de las condiciones de los centros carcelarios. Instalaciones inadecuadas y hacinamientos. El Sistema desde hace ratos está rebasado por el número de privados de libertad y eso influye en enfermedades; las condiciones son propicias para contagios de todo tipo. La alimentación y el hacinamiento colocan al privado en inseguridad”, señala Celada.
AUMENTO DE POBLACIÓN RECLUSA
Las personas que mueren en prisión preventiva han aumentado significativamente. Mientras que en 2002 únicamente fallecieron 3 personas en prisión preventiva, el año pasado cerró con 58 personas fallecidas en esta condición. No obstante, esto se relaciona con el aumento de la población reclusa que ha habido en las últimas dos décadas, ya que, si hay más reclusos, también habrá más personas fallecidas, afirma Corine Dedik, analista en temas penitenciarios del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
Mientras que en el 2000 estaban privadas de libertad en los distintos centros carcelarios del Sistema Penitenciario 6 mil 115 personas, hoy hay 24 mil 442.
“Se puede observar que hay un aumento en general de la población privada de libertad en este período y esto se refleja en la cantidad de personas en prisión preventiva. Con eso va a aumentar la cantidad de personas fallecidas. Es una consecuencia del aumento general de la población en prisión preventiva”, señala Dedik.
Dedik también considera que hay que tener en cuenta que hay una sobrepoblación en los centros carcelarios que es “crítica”.
La entrevistada afirma que Guatemala se encuentra dentro de los 10 países más hacinados a nivel mundial en sus cárceles, lo que también representa inseguridad para el privado de libertad.
“El tema de la tasa de ocupación es un tema muy serio. Este mismo hacinamiento elevado conlleva a otros problemas o a otras carencias como la falta de control interno porque se vuelva muy difícil para la institución poder controlar, se vuelve no solo incómodo e inseguro para el privado de libertad, sino -también- muy complicado para el centro carcelario manejar tanta población”, afirma.
DURACIÓN DE PROCESOS PENALES
Otro factor que podría afectar la salud de los privados de libertad es la larga duración de los procesos penales. Según el Observatorio Judicial, conformado por estudiantes de la Universidad de San Carlos y Universidad Rafael Landívar, un proceso penal dura, en promedio, 918 días.
Raúl Robles, director de la División Técnica profesional del IDPP, considera que el hecho de que un proceso penal sea tan extendido en el tiempo coloca en una situación de riesgo la salud y la vida de las personas privadas de libertad.
“La idea es que todos accedamos a justicia y que se nos resuelva de manera pronta y eficaz. Actualmente están señalando debates para junio del 2020. Esto quiere decir que de aquí a junio de 2020 las personas van a seguir privadas de su libertad. Y podríamos decir que ya llevan un año (en prisión). Esto pone en riesgo, la salud y la vida de las personas por el riesgo que conlleva estar privado de libertad”, afirma el entrevistado.
Robles ve con preocupación que de las 29 personas que auxiliaba el IDPP y que fallecieron este año en prisión preventiva, 17 de ellas, es decir más de la mitad, murieron por hechos violentos. Solo ocho de estas personas murieron en el Centro Preventivo de la Zona 18, lo que lo reporta como el centro carcelario que más muertes por violencia presenta, explica el funcionario.
“La finalidad del IDPP es litigar de buena fe y solventar la situación jurídica lo más pronto posible para nuestros usuarios, porque si podemos quitarle un día de cárcel nos sentimos más que satisfechos. Y así, como puede durar 2 o 3 años (el proceso penal), nosotros tratamos la manera legal de que se agilicen los procesos”, comenta Robles.
Según estadísticas del Observatorio Judicial, los procesos penales que más duran son aquellos en los que se imputan delitos de asociaciones delictivas (1 mil 336 días), lavado de dinero u otros activos (1 mil 234 días), asociación ilícita (1 mil 040 días), obstrucción extorsiva del Tránsito (1 mil 001 días) y encubrimiento propio (959 días).
¿POR QUÉ NO REFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA?
El Sistema de Justicia enfrenta distintos retos como los mencionados anteriormente, por ello, en 2016, a petición de los tres poderes del Estado, se estableció una Mesa Técnica conformada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Ministerio Público y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); quienes por medio de acercamientos con la sociedad civil, académicos, entre otros actores, elaboraron una propuesta de reforma constitucional para atacar varios de los problemas y vicios en el ámbito judicial.
Aunque en un principio la iniciativa tuvo el respaldo incluso del presidente Jimmy Morales, al llegar la propuesta al Congreso de la República se encontró con obstáculos y resistencia a su aprobación para ser puestas en debate en una consultar popular.
El reconocimiento del derecho indígena fue uno de los motivos utilizados por algunos diputados para poner en duda su aprobación y detenerla definitivamente en su tercera lectura, a pesar que representantes de estos sectores aceptaron que ese aspecto fuera retirado de discusión para que el resto de reformas siguieran su curso.
Por otro lado, el Sistema Penitenciario también ha sido objeto de intentos de reforma, como lo expuso La Hora recientemente en el reportaje “Sentencias en presidios deben dar paso a cambio en el sistema”, en el cual se recuerda la iniciativa para cambiar el modelo carcelario durante la administración del exministro de Gobernación, Francisco Rivas, pero que tras su salida también quedó en el limbo.
“Se necesita una reforma de esa institución, tiene que seguir, aunque haya cambio de autoridades, porque si no siempre vamos a seguir con cambios frecuentes a alto nivel, proyectos que no se pueden implementar, cada vez hay más descontrol porque hay más privados de libertad, la población sigue aumentando, pero la institución se quedó en el siglo pasado y nadie ha logrado modernizarlo”, indicó Corinne Dedik, del CIEN para ese reportaje.
“El Sistema desde hace ratos está rebasado por número de privados de libertad y eso influye en enfermedad, las condiciones son propicias para contagios de todo tipo. La alimentación y el hacinamiento colocan al privado en inseguridad”.
Edgar Celada, Ipnusac.Este mismo hacinamiento elevado conlleva a otros problemas o a otras carencias como la falta de control interno porque se vuelva muy difícil para la institución poder controlar, se vuelve no solo incómodo e inseguro para el privado de libertad, sino –también- muy complicado para el centro carcelario manejar tanta población.
Corine Dedik, CIEN.“La finalidad del IDPP es litigar de buena fe y solventar la situación jurídica lo más pronto posible para nuestros usuarios, porque si podemos quitarle un día de cárcel nos sentimos más que satisfechos. Y así, como puede durar 2 o 3 años (el proceso penal), nosotros tratamos la manera legal de que se agilicen los procesos”.
Raúl Robles, director de la División Técnica profesional del IDPP.
